Culiacán, Sinaloa.- Por unanimidad, es decir con 37 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó, en la sesión ordinaria de este martes, la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa, después de casi tres años de espera, así como la adición al Código Penal para el Estado de Sinaloa, para tipificar el delito contra la libre expresión y la actividad periodística, el cual se perseguirá por querella con la finalidad de garantizar el goce de las condiciones adecuadas para el desempeño de las funciones de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
En la misma, se establece de seis meses a cuatro años de prisión, y de 200 a 300 días multa, a quien utilizando violencia evite se ejerza la actividad periodística o de personas defensoras de derechos humanos, y obstaculice, impida o reprima la libertad de expresión o la actividad realizada por personas defensoras de derechos humanos.
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Asimismo, se establece la creación del Instituto Estatal de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, donde dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, el Congreso del Estado emitirá la convocatoria pública que deberá ser transparente para designar a los consejeros y el director general del Instituto.
Durante la discusión del dictamen, subieron a tribuna los diputados impulsores de la iniciativa, quienes celebraron la aprobación de la misma, tal fue el caso de Ricardo Madrid Pérez.
“Hoy, damos un gran paso para la vida democrática de Sinaloa en este Poder Legislativo. Y lo digo, porque es justo el ejercicio libre del periodismo y el respeto pleno a los derechos humanos fundamentales, los dos componentes para lograr una sociedad abierta, civilizada y democrática”, dijo Ricardo Madrid.
Cabe mencionar que dentro de los 60 días posteriores al inicio de vigencia del presente Decreto, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para regular la creación de la Fiscalía Especializada para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
No obstante, en tanto inicia sus funciones el Instituto, continuará funcionando la Unidad Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
