Culiacán, Sin.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación notificó el resolutivo que emitió la semana pasada al declarar inconstitucional las reformas que se hicieron sobre el aborto en el 2018 en Sinaloa y este fallo fue abordado en la sesión de la Diputación Permanente durante este martes.
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La representante de Morena, Graciela Domínguez Nava, manifestó que el triunfo judicial es de todas las mujeres no sólo es de su grupo parlamentario que impugnó la adición al artículo 4 bis A, fracción primera de la Constitución de Sinaloa que establece que el Estado tutela la vida desde la concepción hasta la muerte.
Afirmó que quedó claro que la penalización de las madres mexicanas es inconstitucional y que el ejercicio al derecho no puede ser al mismo tiempo un delito.
“Juzgando bajo perspectiva de género y de progresividad de derechos humanos, resolvió inconstitucional la porción normativa de la fracción primera el artículo 4 bis A, que decía El estado tutela el derecho de la vida desde el momento en que un individuo es concebido hasta su muerte, respetando la dignidad de la persona”, expresó.
A nombre de la bancada de PRI, Gloria Himelda Félix Niebla destacó que el máximo tribunal del país haya resuelto en forma definitiva y contundente sobre los derechos reproductivos de la mujer y establece jurisprudencia y certeza jurídica que deben de acatar las instituciones salud, los impartidores de justicia y los Legislativos
“Es la primera vez que un tribunal constitucional de América Latina se pronuncie al respecto a los derechos humanos a decidir sobre su cuerpo, el estado mexicano a través de sus instituciones ha fijado postura definitiva respecto a un debate reflejado a lo largo de muchas décadas”, expuso.
En tanto, la diputada por el Partido Sinaloense Angélica Díaz Quiñónez, manifestó que Corte emitió su resolución contra la despenalización, no a favor del aborto; por el respeto a decidir de las mujeres, con acceso a educación sexual, métodos anticonceptivos y servicios de salud, por una maternidad deseada, libre y voluntaria.
La resolución se hizo del conocimiento formal a la bancada de Morena, al Congreso, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la consejería jurídica del Gobierno Federal.
