Culiacán, Sinaloa.- De repente todo fue caos. Sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso se desató una brutal balacera entre soldados y delincuentes. La transmisión en vivo para el noticiero Línea Directa del paso del convoy del Ejército, y más atrás de camionetas armadas con potentes fusiles de asalto, dio la primicia de lo que fue ese terrible jueves 17 de octubre de 2019.
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Carros detenidos y transeúntes corriendo por doquier para protegerse de la lluvia de balas que no respetaba que fuera pleno mediodía, hora en la que muchos salen a comer y en la que algunos resultaron víctimas, como los dos trabajadores de una carpintería que les tocó estar en la zona de impacto, o aquel empleado de una tienda departamental, donde una bala perdida entró a su cuerpo y lo dejó inerte.
Las ráfagas resonaron por toda la ciudad. De repente el enfrentamiento no sólo estaba en el bulevar Sánchez Alonso antes de llegar a Universitarios, en el sector Tres Ríos, sino que todas las salidas ya estaban sitiadas. En minutos, carros replegados e incendiados en los principales cruceros. Nadie hablaba, todos especulaban. Quien salió a declarar algo, después de dos horas fue el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda.
“Aún tenemos aislados en diferentes lugares de enfrentamientos de disparos contra personal de seguridad pública”, indicaba Cristóbal Castañeda.
Conforme pasaban las horas, y los balazos seguían detonándose, los rumores iban y venían. Que los habían detenido, a Archivaldo y a Ovidio Guzmán, los hijos de “El Chapo”, los nuevos líderes del cártel del Pacifico.
Fue alrededor de las 4 de la tarde cuando las mismas redes sociales dieron cuenta de lo que ocurría. Habían detenido a uno de los “Chapitos”.
“¡Ya paren todo, ya paren, ya me entregué!”, relatan en las redes las palabras de Ovidio Guzmán, el hijo del famoso capo extraditado y preso en Estados Unidos.
Se trató pues de un operativo fallido del Ejército, que en pleno mediodía trató de detener al presunto líder de uno de los carteles del narcotráfico en Sinaloa, y cuyo grupo secuestró ese jueves negro, no sólo a miles de habitantes de la capital del estado con la quema de autos o cierre de calles, sino también a las mismas familias de aquellos soldados que estaban dando la batalla.
Doscientas familias de elementos militares estaban rodeadas, a cambio de no hacerles daño. Ese fue el trato: liberar a Ovidio a cambio de la vida de estas familias y de liberar la ciudad, hasta donde ya se había trasladado todo un “ejército” de miembros del Cártel para liberar a su líder.
“A la unidad, a la unidad a la familia a la … hay que pegarles también, y si no lo sueltan que se vayan a la ver… aquí en la unidad en La 21 (colonia 21 de marzo), a la unidad que tienen en la Guadalupe también”, se escuchó en los radios.
Después de eso, la orden vino desde arriba, del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Liberen a Ovidio”.
“Porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán Sinaloa, yo ordene que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, sostuvo entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador.
A dos años de ese “jueves negro”, el recuento de los daños nunca llegó. Nadie pagó las consecuencias. La exoneración fue inmediata. El entonces secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, justificó la liberación de Ovidio y el fallido operativo para detenerlo. La justicia no llegó para quienes perdieron a sus seres queridos, o sus bienes materiales ni para quienes quedaron heridos. A dos años, la cicatriz del “Culiacanazo” continúa sin cerrar.
