Culiacán, Sin.- En reunión de trabajo del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto se mostraron hoy avances de los tres compromisos suscritos en el Plan de Acción Local.
Organizaciones civiles, en coordinación con autoridades, lideran en Sinaloa proyectos para monitorear casos de corrupción, el uso de agroquímicos y el cumplimiento de la ley de desplazados.
Presentes en el encuentro representantes de los poderes Ejecutivo, Judicial, de órganos constitucionales autónomos, así como las responsables de sociedad civil de estos compromisos, la Doctora María Guadalupe Ramírez Zepeda y la activista Marlene León Fontes.
José Alfredo Beltrán Estrada, presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), quien funge como presidente del Secretariado Técnico Local, reiteró el compromiso institucional para coadyuvar a concretar estos ejercicios de participación ciudadana.
“Hay toda la disposición y voluntad del órgano garante para apoyar y acompañarlos en todo lo que sea necesario para la cocreación de estos tres compromisos”, subrayó, acompañado de la comisionada Rosa del Carmen Lizárraga.
Al exponer los avances del compromiso denominado “Monitoreo del uso de plaguicidas clasificados como altamente peligrosos”, María Guadalupe Ramírez explicó que diseñó una lista de aquellos plaguicidas con mayor número de toneladas importadas hacia México en el periodo 2010 al 2019.
Propuso que se busque obtener de las autoridades que correspondan, en este caso la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el número de toneladas de agroquímicos enlistados que se han importado de los años 2015 a 2019, así como el tipo de cultivo en que se aplican y las principales zonas agrícolas donde se lleva a cabo la aplicación.
Además, sugirió solicitar a Servicios de Salud de Sinaloa apoye informando sobre algunas variables por intoxicación de plaguicidas, ya sea accidental o laboral. Para esto propuso utilizar una boleta planteada como estudio de campo por la Organización Mundial de la Salud.
En su turno Marlene León, responsable del compromiso “Monitoreo a la implementación de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno”, mostró la matriz que servirá como plantilla para el micrositio a través del cual se hará público el seguimiento en el cumplimiento de dicha legislación.
La matriz considera indicadores de actividades a llevar a cabo señaladas en la ley, entre estas la integración de la Comisión Intersecretarial, el diseño del Programa Estatal para la Atención de Personas Desplazadas, la creación del Fondo Especial para atender a los desplazados, el ejercicio de dicho fondo, el Registro Estatal de Personas Desplazadas, la investigación sobre los hechos punibles que condujeron al desplazamiento, entre otros.
Sobre el compromiso “Monitoreo de los casos de corrupción que se encuentren en trámite de las autoridades responsables”, el facilitador del Secretariado Técnico Local, Gabriel Mercado, expuso que se elaboraron dos diagramas de flujo por parte de la Ceaip para conocer cómo es el proceso que llevan las denuncias por presuntos actos de corrupción.
Mercado, titular de la Unidad de Gobierno Abierto de Ceaip, indicó que luego de elaborarse los diagramas se enviaron a la Auditoría Superior del Estado y a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas para su revisión y validación, lo cual se espera esté listo en los próximos días.
Beltrán Estrada, presidente de Ceaip, destacó los avances en los compromisos, donde existe ya una estructuración, cronograma y aspectos específicos.
“A mí me entusiasma escucharlos, se nota un enorme crecimiento en los proyectos que aquí se expusieron”, manifestó.
Resaltó no tener duda en que se llegará a buen puerto con estos tres proyectos de sociedad civil.
En la reunión participaron también la Subsecretaria de Transparencia y Contraloría Social del Poder Ejecutivo Dalia Yaneth Reyes Sánchez; por parte del Poder Judicial el Secretario Técnico de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, Gerardo Alfonso García López.
Y por los organismos autónomos el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos José Carlos Álvarez Ortega, así como Miguel Ángel López Núñez, enlace de esta institución.
(GR)
