Culiacán, Sinaloa. El ciudadano sinaloense Kevyn Daniel Gómez Alvarado impulsa una iniciativa que propone garantizar la participación activa de niños y adolescentes en decisiones públicas, así se informó este sábado 25 de abril de 2026.
La propuesta es reformar el primer párrafo y adicionar un segundo y un tercer párrafo al artículo 63 a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa.
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El citado artículo obliga a las autoridades estatales y municipales a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en el ámbito familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen.
La propuesta es insertar la palabra “político” entre los ámbitos ahí señalados. Es decir, los párrafos adicionales que se proponen establecen que es derecho de los niños, adolescentes y personas jóvenes a participar en la toma de decisiones públicas que les afecten o sean de su interés.
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Asimismo, se indica que podrán participar de manera libre en los mecanismos de participación política que se adecuarán especialmente para ellos, con el objeto de coadyuvar en la formación de una ciudadanía crítica, propositiva, objetiva, imparcial e informada.
¿Qué es considerado como una decisión pública de un estado?
Una decisión pública de un estado es una determinación tomada por autoridades gubernamentales para atender asuntos de interés general, como crear leyes, aplicar políticas o asignar recursos. Se caracteriza por provenir de instituciones oficiales, tener impacto en la sociedad y, en muchos casos, ser obligatoria, ya que busca regular la vida pública y el bienestar colectivo.
¿Actualmente pueden participar niños en elecciones?
No, actualmente los niños no pueden participar en elecciones oficiales en México. Para votar se requiere ser mayor de 18 años y contar con credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral.
Sin embargo, existen ejercicios simbólicos como consultas infantiles o actividades escolares donde los menores pueden opinar, pero estas no tienen validez legal en procesos electorales reales.
