Culiacán, Sinaloa. En el Congreso de Sinaloa avanzó una iniciativa que protege a la niñez y evita su revictimización en procesos judiciales.
A través de un comunicado de este domingo 24 de mayo de 2026, se informó que esta iniciativa fue turnada para una segunda lectura de ley y posteriormente enviada a las comisiones permanentes correspondientes para su análisis y dictaminación.
Planteamiento de la reforma a la Ley de Derechos de Niños y Adolescentes
La iniciativa propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, en materia de armonización de la legislación estatal.
El objetivo principal es fortalecer la protección de niños y adolescentes, evitando su revictimización en procesos judiciales, garantizando resoluciones en formato de lectura fácil y acceso prioritario a programas dirigidos a personas menores de edad en situación de orfandad.
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Rubros en los que incide la iniciativa que protege a la niñez
Tiene por objeto fortalecer el marco jurídico sinaloense con una auténtica perspectiva de infancia, incidiendo en tres rubros prioritarios:
1. Acceso prioritario a programas sociales para niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio. Cuando una niña, niño o adolescente pierde a sus cuidadores principales, particularmente como consecuencia de violencia extrema, el Estado debe asumir de manera inmediata y contundente un papel de garante subsidiario.
2. Derecho a la mínima intervención y a la no revictimización en procesos judiciales. La participación de niñas, niños y adolescentes en procedimientos jurisdiccionales, penales, familiares o civiles debe limitarse estrictamente a lo necesario para procurar justicia, garantizando siempre su derecho a ser escuchados sin poner en riesgo su integridad psicológica.
3. Derecho a la comprensión mediante sentencias en formato de lectura fácil. El acceso a la justicia y el derecho a ser escuchados pierden eficacia si niños y adolescentes no comprenden las decisiones que las autoridades toman sobre aspectos como guarda y custodia, régimen de convivencias o consecuencias jurídicas para sus agresores.
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