Culiacán, Sin.– La UAS es autónoma, pero la autonomía no representa alguna fuente de escudo, de condición que la exima, que obvie los capítulos de rendición de cuentas, no es “aquí la Ley no aplica”, expresó el diputado presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Sergio Mario Arredondo Salas.
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Lo anterior, ante la denuncia penal por abuso de autoridad que presentó la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la negativa de entregar información al ente fiscalizador para el inicio de una auditoría financiera sobre recursos estatales y propios de la Universidad en el ejercicio fiscal 2022.
En entrevista en la primera emisión de Línea Directa, el legislador explicó que una cosa es gastar autónomamente si se hace un nuevo bachillerato, una nueva carrera, si se contratan más maestros o se crea infraestructura educativa, pero apuntó que una cosa distinta es la rendición de cuentas, aseverando que es una acción establecida por la Ley.
“La autonomía no es una excepción, no es un estado de derecho excepcional, no es una extraterritorialidad, no es aquí no entra, no es la Ley aquí no aplica, las leyes son para todos, no puede existir en nuestro andamiaje institucional legal alguna expresión que diga usted o este ente no está obligado a rendir cuentas, todos estamos obligados a rendir cuentas”, dijo.
En respuesta, al solicitar derecho de réplica a Línea Directa, el abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, lamentó que el legislador se esté prestando al “juego” del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, y reducir su participación a ser sencillamente “un instrumento más” de una persecución política.
Defendió que este jueves se atendió a los funcionarios de la ASE con la Ley en la mano, apuntando que en todo momento fundaron sus dichos y afirmaciones.
“Este personal llegó con consigna, llegó con una instrucción directa que a cada momento que nosotros le argumentábamos en contrario se ponían nerviosos y llamaban por teléfono a no sé quién, que a una superior, que era una instrucción, que ellos no podían decidir, trastabillaban mucho, está grabado y está registrado ante notario”, dijo.
Robespierre Lizárraga reiteró que tienen la razón legal y que si esta disputa se plantea ante un juez, les dará la razón.
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Sin embargo, mencionó que la actuación de parte de personal de la ASE y las declaraciones que su titular ha tenido, pues no había terminado la diligencia que se estaba realizando en la universidad y ella ya estaba anunciando las sanciones, es como cantar el triunfo de un partido cuando le quedan tres entradas en el béisbol. “Es inaudito lo que pasó ayer”, apuntó.
El director jurídico sostuvo que el Congreso no solamente está violando la autonomía, sino que el hecho de que se esté utilizando a la ASE como un instrumento de presión política contra la universidad, también viola una suspensión definitiva otorgada por un juez federal.
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En contrarréplica, el diputado Arredondo indicó que no respondería las alusiones personales que hizo Lizárraga Otero, pues él nunca le ha apostado a la denostación. Se limitó a comentar que él también es universitario y como tal, desea que haya una plena transparencia en la institución y que se respete a cabalidad el marco legal, sobre todo en lo que respecta a los procesos de fiscalización.
