Culiacán,
Sin.- El Congreso
del Estado no tiene contemplado recurrir a los tribunales sino que le apuesta
al acuerdo político en torno a la publicación de decretos emitidos por el Poder
Legislativo y que el Poder Ejecutivo no ha dado el trámite correspondiente y ya
pasó el tiempo para realizarles observaciones, indicó la presidenta de la Junta
de Coordinación Política, Rosa Elena Millán Bueno, quien indicó que por tal
motivo hay un desacato a la Constitución local.
?Se advierte
que en el ejercicio de sus funciones, el Ejecutivo del estado está desacatando
preceptos constitucionales y legales, así lo dice la ley, el Congreso no está
ahorita valorando la necesidad de ir a una instancia superior, el Congreso está
valorando ahorita un acuerdo político con el Ejecutivo del estado para avanzar
antes de que concluya esta legislatura en los términos que la ley señala y en
la conclusión del proceso legislativo de los temas que no tienen observaciones
y que no hay fundamento legal para impedir su publicación?, mencionó.
La también
coordinadora del grupo parlamentario del PRI, destacó que se trata de pensiones
entre las que destacan las de Eduardo Rivera Félix, Ramón Velazquez Iribe y
Luis Alfonso Morales Blancarte, además de las modificaciones a la ley de
Justicia Administrativa, la ley de Desarrollo Rural Sustentable, y la de Protección
de Animales, las que no han sido publicadas y a las que en su tiempo no se les
realizó observación alguna, mientras que hay dos que sí fueron observadas por
el Ejecutivo estatal.
?Es la ley
de atención y protección a víctimas y ofendidos para el estado de Sinaloa, el
Ejecutivo la devolvió con algunas observaciones, así como la ley del Periódico
Oficial del estado de Sinaloa que también fue devuelta con observaciones,
entonces ese tema esta en el terreno del Congreso y esperaremos las condiciones
para poder tener los votos suficientes y concretarla de ser posible?, expresó.
De acuerdo a
lo informado por Millán Bueno, las observaciones del Ejecutivo del estado en el
primero de los casos son en lo referente a la desaparición del cargo de
subprocurador general de Justicia dentro de la PGJE, supuestamente por
contradecir la Constitución local en donde se establece dicho cargo, además de
señalar que existen violaciones en el procedimiento de discusión de la reforma
al no haberles sido notificado con anticipación de tres días cuándo sería la
discusión.
Mientras que
en el caso de la ley del Periódico Oficial, las observaciones que fueron
remitidas van en el sentido de que al pretender que el Poder Legislativo
publique los decretos no observados se estarían trasgrediendo los principios de
división de poderes.
LM
