Los Mochis, Sinaloa. La situación jurídica de la tenencia de la tierra y la consulta indígena fueron los principales puntos analizados durante la sexta mesa de diálogo entre el Gobierno de México, el colectivo AquíNo y la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) realizada este jueves 23 de julio de 2026 respecto al proyecto de instalación de la planta de amoníaco para fabricar fertilizante en la bahía de Topolobampo.
Al terminar esta reunión, que fue continuación del primer tema relativo a comunidades indígenas y vigilancia ambiental analizado el pasado viernes 17 de julio de 2026 en la primera serie de encuentros sobre este proyecto petroquímico, el Coordinador General de Derechos Humanos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Iván Ramos Méndez, leyó el comunicado acordado.
“La representación del Gobierno de México refirió que, en general, sí se puede revisar jurídicamente el proceso que se llevó a cabo para la asignación de tierras correspondiente a las hectáreas que no están sujetas a litigio e integrar un equipo de trabajo para este fin. Respecto del proceso de consulta indígena, la Semarnat explicó las etapas desarrolladas”.
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GPO expone la situación legal y agraria de los terrenos del proyecto
Durante la sesión, la empresa GPO presentó información sobre los antecedentes agrarios y registrales de los predios donde se desarrolla el proyecto. Expuso el procedimiento mediante el cual las parcelas dejaron el régimen ejidal para adquirir el carácter de propiedad privada; las operaciones de compraventa mediante las cuales fueron adquiridas por la empresa; la revisión documental realizada ante el Registro Agrario Nacional.
La empresa señaló que existen resoluciones de no ejercicio de la acción penal respecto de denuncias promovidas por la compraventa de los terrenos y que promovió un juicio de amparo relacionado con actuaciones de inspección de Profepa vinculadas con la delimitación de la zona federal.
AquíNo cuestiona la adquisición de los terrenos donde opera el proyecto
Por su parte, representantes del colectivo expusieron una interpretación distinta sobre los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Señalaron que, con independencia de la discusión sobre la propiedad formal de los predios, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconocen el derecho sobre los territorios y los recursos tradicionalmente ocupados.
Cuestionaron la forma en que fueron adquiridos y transmitidos los terrenos que actualmente ocupa el proyecto, expresando que existe una controversia judicial promovida por comunidades respecto de la compraventa de los predios. También sostuvieron que el decreto presidencial mediante el cual se estableció el área natural protegida mantiene plenamente sus efectos jurídicos y que debe considerarse en el análisis del proyecto.
Gobierno de México aclara que controversias serán resueltas por autoridades competentes
El Gobierno de México precisó que la propiedad de la tierra, el régimen agrario, el uso del suelo y la protección ambiental corresponden a materias jurídicas distintas, que las controversias relacionadas con la adquisición de los terrenos se encuentran sujetas al conocimiento de las autoridades jurisdiccionales competentes y que su resolución corresponde al Poder Judicial y, en su caso, a las autoridades agrarias.
El colectivo, la empresa y el Gobierno de México acordaron realizar una visita previa para identificar la zona que será inspeccionada. Posteriormente, la Profepa hará una visita de inspección formal.
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Gobierno de Sinaloa realizará reunión para revisar duplicidad de gobernadores tradicionales
Por su parte, el gobierno del Estado de Sinaloa adquirió el compromiso de realizar una reunión la próxima semana en la que se revise la duplicidad de gobernadores tradicionales, así como los recursos para las comunidades, específicamente los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente indígena (FAIS-PIAM).
Asimismo, se anunció que el Gobierno del Estado iniciará los trabajos para contar con un bachillerato en Lázaro Cárdenas y la solicitud de atención de un centro universitario en Ohuira.
Al terminar la sesión, los inconformes que permanecían afuera gritando consignas opositoras al proyecto retuvieron momentáneamente al representante del gobierno federal, Iván Ramos Méndez, para que los escuchara manifestar su rechazo a la planta de amoniaco en Topolobampo.
