Mocorito, Sin.- El alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, fue acusado de tráfico de influencias al obtener asesoría del magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Jesús Iván Chávez Rangel, en la demanda que enfrenta la administración municipal para pagar la liquidación a nueve expolicías.
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El abogado de los demandantes, Enrique Román Cruz Gastélum, refirió que el propio alcalde lo expresó en la sesión de cabildo del pasado viernes, donde se abordó el tema, con lo que se espera que nuevamente les retarden el caso, en una clara obstrucción de la justicia.
“Y hay información de que ellos entraron a platicar con el magistrado presidente de la sala por una recomendación del secretario general de Gobierno, entonces, esto me lleva a deducir que están utilizando la relación del secretario general de Gobierno para que el magistrado los esté apoyando, porque un magistrado no puede ser juez y parte, ¿cómo te va a asesorar?”.
Cruz Gastélum indicó que, ante este abuso de autoridad, ellos reactivarán ante el Congreso del Estado la solicitud de juicio político, considerando, además, que en todo este tiempo el alcalde no ha querido pagarles lo que ya ganaron y quedó estipulado en una sentencia, sino todo lo contrario.
“Nos vamos a ir a Culiacán al Congreso nuevamente, a ampliar la denuncia en contra del presidente municipal y que se siga la investigación, porque lo menos que quieren es pagar, están buscando relaciones, gestionando, no para buscar un apoyo para pago de la sentencia, todo el tiempo ha pretextado buscar apoyo, pero para no pagar”.
En la conferencia de prensa, estuvo también el exagente Héctor Manuel López Medina, quien rechazó la versión del alcalde de que le hayan pagado sueldo y prestaciones durante dos años por un monto de 500 mil pesos, pues de ser así, no hubiera cobrado más de 180 mil pesos, tomando en cuenta que su sueldo mensual era de 6 mil pesos.
Se dijo que a esta lucha por lograr la liquidación luego que fueron despedidos el 2014, ahora se sumarán otros dos policías que fueron despedidos en el 2015 y que, al menos para el caso de los primeros nueve, ya se acumula una deuda superior a los 10.5 mdp.
