Culiacán, Sinaloa.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación al Ayuntamiento de Escuinapa luego de acreditar la existencia de tortura en agravio de una persona por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
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La Comisión Estatal informó que inició una investigación de oficio con motivo de los hechos publicados en notas periodísticas del pasado 26 de abril de este año, sobre un video donde se exhibe a una persona que es sometida, sujeta a una patrulla municipal y estaba siendo agredida físicamente por un elemento policiaco.
Dijo que en la investigación realizada se acreditó la identidad de la persona agredida. El involucramiento de dos elementos policiacos, así como la patrulla de la corporación, además de que la autoridad no brindó ningún resguardo y seguridad de la persona retenida, cuando es un deber el hacerlo.
Por lo anterior, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa le envió la recomendación a la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, para que gire instrucciones a quien corresponda, para que se cumpla con la misma y colabore con la autoridad que esté realizando la investigación de la agresión a la persona por parte de elementos preventivos.
Además, que ordene a la Dirección de Seguridad Pública que colabore ampliamente en la integración de las carpetas de investigación sobre la agresión a la persona, y se diseñe un curso de capacitación relacionado con el derecho humano a la integridad y seguridad personal entre el personal policial de la Dirección de Seguridad Pública.
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Indicó que esta capacitación sobre derechos humanos debe abarcar a todos los servidores públicos.
Recomienda, además, dar a conocer el contenido de la presente recomendación entre los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública, con el fin de que no vuelva a suceder o repetir los actos que actualmente se reprochan, enviando a la Comisión Estatal todas las pruebas de su cumplimiento.
Por último, recomienda a la alcaldesa que haga las gestiones necesarias para que se proceda a la reparación integral del daño en los términos establecidos en la Ley General de Víctimas y la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado de Sinaloa, remitiendo a esta Comisión Estatal las pruebas de su cumplimiento.