Culiacán, Sinaloa. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa informó de los hechos de inseguridad que se presentaron el 7 de febrero de 2026, donde se contabilizaron ocho homicidios dolosos, cinco robos de vehículos y una persona privada de la libertad.
Mediante un boletín emitido la mañana de este domingo 8 de febrero, la Fiscalía estatal dio a conocer el saldo oficial del sábado 7 de febrero, indicó que se registraron cinco carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso y una más por feminicidio, debido a la localización de ocho personas sin vida.
En Navolato, tres hombres fueron encontrados sin vida en la sindicatura de Villa Juárez. En Culiacán, otro fue ubicado en la sindicatura de Costa Rica; una más por el Mercado de Abastos; otra en el fraccionamiento Los Laureles; y una mujer en la colonia Los Ángeles. En el municipio de Elota, una persona fue localizada en el ejido Culiacancito.
Asimismo, se registró el hallazgo de una osamenta humana en el ejido Cofradía de la Loma.
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En el documento también se establece que en la Unidad Especializada en Robo de Vehículo Región Centro se recibieron cinco denuncias, las cuales ya están en revisión por el Ministerio público para su puntual seguimiento.
Por otra parte, en la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas se registró una querella en la Región Centro, por el delito de privación de la libertad personal.
Finalmente, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa reitera su compromiso de mantener informada a la sociedad con datos oficiales que provienen de las denuncias que se formalizan ante las unidades y agencias del Ministerio Público.
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¿En Sinaloa cuál es la pena máxima de cárcel por el delito de secuestro?
De acuerdo con el Código Penal del Estado de Sinaloa, a la persona que comete un secuestro se le aplica la pena máxima que puede alcanzar hasta 80 años de prisión.
Las penas se aplican de la siguiente manera:
-Pena Máxima: Hasta 80 años de prisión por secuestro agravado.
-Pena Mínima: 20 años de prisión.
Estas penalidades se aplican bajo la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y el Código Penal del Estado de Sinaloa, con agravantes severas en casos como el que involucra peticiones de rescate elevadas, tal como se documentó en casos recientes en Culiacán.
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