Culiacán, Sinaloa. La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo la incineración de narcóticos y la destrucción de objetos del delito asegurados en distintas carpetas de investigación, como parte de acciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
Durante la diligencia, realizada en instalaciones acondicionadas en Culiacán, se destruyeron un total de tres toneladas, 875 kilos, 335 gramos y 840 miligramos, así como 5 mil 291 litros con 55 mililitros de diversas sustancias ilícitas. Entre los narcóticos incinerados se encuentran mariguana, clorhidrato de metanfetamina, clorhidrato de cocaína, clorhidrato de heroína, opio, además de semilla de amapola, semilla de mariguana y otras sustancias.
Además, se procedió con la destrucción de 481 objetos relacionados con actividades ilícitas, entre ellos cigarros, chalecos balísticos, “ponchallantas”, cascos y cajas, así como 18 mil 362 unidades de clorhidrato de metanfetamina y plantas de mariguana.
La FGR informó que este procedimiento forma parte de las acciones legales para la disposición final de narcóticos y objetos asegurados en operativos previos, una vez que se integran las carpetas de investigación correspondientes.
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En el acto participaron autoridades estatales y federales, así como personal ministerial. La supervisión estuvo a cargo del Órgano Interno de Control (OIC) de la propia Fiscalía, con el objetivo de garantizar la transparencia en la verificación del tipo y peso de los narcóticos destruidos.
Estas acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir el tráfico de drogas y asegurar la correcta disposición de los bienes relacionados con delitos federales.
¿Cómo es el proceso oficial que sigue la FGR para destruir droga asegurada?
La Fiscalía General de la República sigue un protocolo legal y técnico para la destrucción de narcóticos asegurados, el cual inicia una vez que las sustancias están plenamente identificadas, pesadas y vinculadas a una carpeta de investigación. Antes de su eliminación, peritos realizan dictámenes para confirmar el tipo de droga y su cantidad, garantizando que sirvan como prueba dentro del proceso penal. Posteriormente, un juez o autoridad competente autoriza su destrucción.
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La incineración o neutralización se lleva a cabo en instalaciones especiales, bajo medidas de seguridad y control ambiental, con la presencia de autoridades federales y la supervisión del Órgano Interno de Control (OIC), que verifica que el procedimiento se realice conforme a la ley y sin irregularidades.
Este protocolo busca asegurar transparencia, evitar desvíos y dar certeza jurídica sobre el destino final de los narcóticos.
