Guamúchil, Sinaloa. Elementos del Ejército Mexicano mantienen asegurada una bodega ubicada en la colonia 10 de Mayo, donde de manera extraoficial se presume la posible presencia de vehículos blindados, armas y otros objetos de procedencia ilícita.
El inmueble, de color blanco y con portón negro, se localiza en la calle Poliducto de Pemex, en una zona con poco flujo vehicular y rodeada de algunas viviendas.
En el lugar fue colocada una cinta amarilla que advierte el aseguramiento del área y la prohibición de acceso para civiles.
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Aunque el portón permanece abierto, desde el exterior no es posible observar lo que se encuentra dentro de la bodega, la cual permanece bajo vigilancia permanente de los elementos de la milicia, quienes se encuentran a la espera de que la autoridad competente libere la orden de cateo para poder ingresar de manera legal y realizar la inspección correspondiente.
La presencia de las fuerzas federales generó expectación entre vecinos del sector, quienes observaron el despliegue de las unidades oficiales sin que hasta el momento se haya dado a conocer información oficial sobre el contenido del inmueble o personas detenidas en el sitio.
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El operativo forma parte de las acciones de seguridad que se han reforzado en el municipio de Salvador Alvarado, donde en los últimos meses se han intensificado los trabajos de vigilancia por parte de las corporaciones de los tres niveles de gobierno.
Será en las próximas horas cuando, una vez obtenida la orden judicial, las autoridades federales puedan confirmar o descartar la presencia de vehículos con blindaje artesanal, armamento u otros indicios constitutivos de delito dentro de la bodega.
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¿Qué implica legalmente que una bodega permanezca asegurada por el Ejército en espera de una orden de cateo y qué autoridades participan en ese proceso?
El aseguramiento perimetral de un inmueble por parte de fuerzas federales es una medida preventiva que busca preservar posibles indicios de delito sin vulnerar derechos constitucionales. En México, el ingreso a una propiedad privada requiere una orden de cateo emitida por un juez de control, derivada de una solicitud del Ministerio Público sustentada en datos de prueba. En este procedimiento participan corporaciones federales, la Fiscalía correspondiente y, en algunos casos, peritos especializados en criminalística, balística y análisis vehicular.
