Cumplimenta PGJE 8 órdenes de aprehensión

Culiacán,
Sin.- Elementos de la Policía Ministerial del Estado y las Unidades  Especiales de la Procuraduría General de
Justicia del Estado cumplimentaron  ocho
órdenes de aprehensión en contra de siete personas acusadas de diversos delitos
del fuero común en los municipios de Guasave, Ahome, Mazatlán y Culiacán.
La
Procuraduría General de Justicia del Estado, destacó que en colaboración con
las autoridades del Estado de Baja California, fue detenido en Los Mochis,
Francisco Jesús Félix González, quienes es señalado como probable responsable
del delito de robo agravado y es reclamado por el juez noveno penal del
mencionado estado vecino.
Por
órdenes del Juzgado Primero del Ramo Penal de Guasave, fue detenida Josefina
Leyva Armenta, acusada del delito de robo, mientras que en Mazatlán y por
órdenes del juez mixto del municipio de Elota fue aprehendida Martha Adelaida
Tirado Peña, quien está siendo acusada del delito de daños culposos, y en
Culiacán fue detenido por el delito de violencia familiar a Leonardo Lugo
Zepeda, quien es requerido por el juez cuarto penal de este Distrito Judicial.
También
mediante operativos policiales fue detenido por contar con dos órdenes de
aprehensión giradas del juez octavo penal de Culiacán a Osvaldo Robles
Enríquez, acusado del delito de robo agravado.
Los
investigadores detuvieron en Culiacán a Armando Ríos Chávez, acusado del delito
de abuso de confianza y a Jorge Verdugo García, señalado como probable
responsable de falsear declaración ante una autoridad judicial; ambos
mandamientos fueron librados por el juez cuarto del Ramo Penal de esta ciudad
de Culiacán.
Los
detenidos de inmediato fueron internados en los penales correspondientes y
puestos a disposición de los jueces que los reclaman, quienes dentro del
término legal resolverán su situación jurídica.
La
PGJE refrenda su compromiso para hacer cumplir la Ley,  con estricto respeto a los derechos humanos,
para llevar ante los jueces penales a todas aquellas personas que por algún
delito sean reclamados por las autoridades judiciales, en especial aquellas
acusadas de conductas ilícitas que afecten a las familias.RMC