Cumplimenta PGJE 11 órdenes de aprehensión

Culiacán,
Sin.- Elementos
de la Policía Ministeriales del Estado y la Unidad Especializada en
Aprehensiones, de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
cumplimentaron ayer once órdenes de aprehensión giradas por los jueces de los
diferentes distritos judiciales del Estado, en contra de 10 personas, que son
imputadas en hechos ilícitos en los municipios de Guasave, Ahome, Mazatlán y
Culiacán.
Informes de la PGJE indican que por el
delito de Robo Agravado cometido por dos o más personas y por órdenes giradas
por el Juez Tercero del Distrito Judicial de Mazatlán fueron detenidos Jesús
Alberto Álvarez Ruiz, Abenamar Murillo Esquivel, Rodrigo Miguel Martínez
Betancourt, Ana Olivia Carrillo Ayala y Juan Pablo Mora Casillas.
Por estar siendo acusado en los
Juzgados Segundo y Octavo del Distrito Judicial de Culiacán, por el delito de
Fraude fue detenido Eliud Guillermo López Ponce de León, mientras que por ser
señalado como probable responsable del delito de Encubrimiento por Receptación
fue aprehendido Manuel Ontiveros Meza, quien era reclamado por el Juez Cuarto
Penal de la Capital del Estado.
Francisco Miguel Gaxiola Juárez y Jesús Eduardo Díaz Pérez, fueron detenidos
como probables responsable del delito de Violencia Familiar, órdenes giradas
por los jueces Primero del Distrito Judicial de Ahome y Quinto del Distrito Judicial
de Culiacán, respectivamente.
Otros de las persona detenidas son
Alfonso Trujillo Cruz, acusado del delito de Daños Culposos y Lesiones
Culposas, orden librada por el Juez 
Segundo del Ramo Penal de Guasave y Francisco Javier Osuna Acevedo, acusado de Incumplimiento de las
Obligaciones y Asistencia Familiar, en el Juzgado Sexto del Ramo Penal de
Culiacán.
Los detenidos fueron internados en los
Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán,
Ahome, Guasave y Culiacán, además fueron puestos a disposición de los jueces
que los reclaman, quienes dentro del término legal resolverán su situación
jurídica.
La PGJE refrenda su compromiso para
hacer cumplir la Ley,  con estricto
respeto a los derechos humanos, para llevar ante los Jueces penales a todas
aquellas personas que por algún delito sean reclamados por las autoridades
judiciales, en especial aquellas acusadas de conductas ilícitas que afecten a
las familias.TJ