Captura PGJE y PME a 7 imputados en hechos ilícitos

Culiacán,
Sin.-  En acciones coordinadas, elementos de la
Policía Ministerial del Estado y las Unidades Especiales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, cumplimentaron un total de ocho órdenes de
aprehensión en contra de siete personas que estaban siendo requeridas por los
jueces de los distritos de Mazatlán y Culiacán, donde son acusados de ser probables
responsables de hechos ilícitos.La Procuraduría General de Justicia
del Estado, reveló que entre los detenidos se encuentra Armando Mendoza Ortiz,
quien fue detenido por contar con dos órdenes de aprehensión por el delito de
Robo Agravado, ambas giradas por el Juez Sexto del Distrito Judicial de Culiacán.Acusada del delito de fraude fue
detenida Karina Ibarra Gurrola, requerida por el Juez Octavo y Daniel Miguel
Reyes Rodríguez, por el delito de robo de vehículo agravado, librada por el
Juez Segundo; ambos del Distrito Judicial de Mazatlán.Por orden del Juez Primero del
Distrito Judicial de Culiacán y por los delitos de daños dolosos y violencia familiar
fue detenido José Carlos Iribe Rivera, mientras que Carlos Francisco Bastidas
López, acusado del delito de daños culposos, fue detenido por contar con una
orden de aprehensión girada por el Juez Octavo del mismo Distrito Judicial.Además fueron detenidos Martha Alicia
Pereda Pérez, acusada de violencia familiar en el Juzgado Primero y Erick
Monrroy Martínez, quien contaba con una orden de aprehensión por el delito de corrupción
de menores girada por el Juez Quinto del Ramo Penal de Culiacán.Los detenidos fueron internados en los
Centros de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán y
Culiacán, además fueron puestos a disposición de los jueces que los reclaman,
quienes dentro del término legal resolverán su situación jurídica.La PGJE refrenda su compromiso para
hacer cumplir la Ley,  con estricto
respeto a los derechos humanos, para llevar ante los Jueces penales a todas
aquellas personas que por algún delito sean reclamados por las autoridades
judiciales, en especial aquellas acusadas de conductas ilícitas que afecten a
las familias.De conformidad a las disposiciones señaladas en el
inciso I, apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales y  22 Bis de la Ley de Acceso a la Información
Pública del Estado de Sinaloa; en observancia al Derecho de Presunción de
inocencia, toda persona se presume inocente y será tratada como tal, mientras
no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano
jurisdiccional.
LM