Por enésima ocasión, desde Palacio Nacional se dan a conocer ambiciosos planes y proyectos de inversión. Desde el sexenio pasado iniciaron este tipo de anuncios y como práctica de gobierno también se ha repetido durante la actual administración federal. Hace unos días, con la participación de la presidenta Sheinbaum y destacados personajes de la cúpula empresarial, se presentó un nuevo plan de infraestructura.
El gobierno de México, a través de la SHCP, dio a conocer un plan de inversión público-privada, por 5.6 billones de pesos, para impulsar importantes proyectos de infraestructura en el periodo 2026-2030. Las áreas consideradas son petróleo, electricidad, trenes de pasajeros, carreteras, puertos, agua, salud y educación. Por razones no explicadas, que parecen responder más a consideraciones de orden político e ideológico, se ha establecido que la participación del sector privado será minoritaria.
Durante los últimos 7 años, estos grandes anuncios de inversión no se han logrado concretar en los hechos y han quedado como simples declaraciones de buenos propósitos. Estos fracasos han significado un elevado costo y ahora enfrentamos una circunstancia económica realmente difícil. Uno de los problemas estructurales más serios de nuestro país es la falta de inversión privada y los muy bajos niveles de inversión pública.
La semana pasada, el Inegi informó el dato sobre la Inversión Fija Bruta (IFB), que es la que se realiza básicamente en maquinaria, construcción de fábricas y plantas industriales, equipo de transporte. Precisó que, durante el periodo interanual noviembre 2024 y noviembre 2025, ésta disminuyó un 6.4 por ciento, acumulando así una racha negativa de 15 meses consecutivos.
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Este dato es verdaderamente preocupante. Implica que, durante los primeros 14 meses de gobierno de la presidenta Sheinbaum, la IFB ha registrado caídas, un comportamiento desfavorable. Esta tendencia es desalentadora porqué una economía sin nuevas inversiones productivas está condenada al estancamiento, a un bajo crecimiento y una menor generación de empleo formal.
Los datos del Inegi son contundentes y desalentadores. Durante los 70 meses del gobierno del presidente AMLO y los primeros 14 meses de la gestión de la presidenta CSP, de un total de 84 meses, en 49 de estos se registraron caídas interanuales de la IFB. Aquí encontramos la principal explicación por la que, durante los últimos 7 años, el crecimiento promedio del PIB ha sido menor al 1 por ciento. Una economía bajo estas condiciones no puede generar más riqueza y prosperidad compartida.
La inversión del sector empresarial no repunta por la falta de confianza. Las decisiones políticas de los últimos años han desalentado la inversión privada, nacional y extranjera. Siendo todavía presidente electo, AMLO decidió cancelar el nuevo aeropuerto de la ciudad de México; también canceló la posibilidad de nuevas inversiones privadas en la exploración y producción petrolera; y revirtió una reforma legal que favorecía la inversión privada en la generación de electricidad limpia y barata.
Con el nuevo gobierno de la presidenta Sheinbaum se han tomado otras decisiones políticas que han afectado la confianza empresarial y el ánimo para la inversión privada. Justamente, la IFB ha venido a la baja desde que se aprobó la abrupta reforma al Poder Judicial de la Federación. El acotamiento de la Ley de Amparo, que protege garantías individuales, limita la posibilidad que las personas y empresas le ganen juicios al gobierno. De igual forma, la desaparición de organismos autónomos como fueron el INAI, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, que funcionaban como entidades independientes y probados contrapesos del poder estatal, también han deteriorado el clima de los negocios en México.
Recuperar la confianza empresarial resulta fundamental para que pueda cristalizar el nuevo plan de infraestructura anunciado por la presidenta Sheinbaum.
Desde el gobierno de México se afirma que hay certidumbre y que contamos con un marco jurídico sólido. Pero en los hechos la inversión no llega, sino por lo contrario, se ha contraído de manera sistemática.
La confianza no se va a recuperar con discursos optimistas, sino con mejores decisiones políticas que, tomando distancia de dogmas e ideologías rancias, permitan resolver esta profunda crisis de confianza empresarial.
