En estos momentos estoy en medio de un juicio de amparo en contra de uno de los organismos del Gobierno del Estado de Sinaloa (les prometo contar el chisme completo una vez que termine el proceso; por el momento, solo podré contar generalidades). Estudié la carrera de Derecho, pero nunca me había parado frente a un juzgado; menos aún, frente a un juzgado federal. Debido a las circunstancias, tuve que desempolvar mis libros y ponerme a litigar por primera vez.
El gobierno del estado tomó una decisión en la cual no estuve de acuerdo. Ahí es donde comenzó el tortuoso camino de la inconformidad. No solo fui yo el afectado, sino decenas de personas que están sufriendo las decisiones arbitrarias y unilaterales de funcionarios que muestran una preocupante falta de sensibilidad hacia el servicio público. Todo comenzó con la necesidad de ponernos de acuerdo. Los inconformes citamos a una reunión para decidir qué acciones podríamos tomar.
Se propuso iniciar acciones legales mediante el juicio de amparo y los escalones que deberíamos ir subiendo; al mismo tiempo, se solicitó crear un fondo de aportaciones para contratar asistencia legal. El gobierno, ante la amenaza de acción legal, decidió enviar a representantes a la reunión para disuadir a los afectados, argumentando que un juicio de amparo era inviable y que los fondos solicitados eran para hacer negocio personal. Al final de cuentas, el miedo terminó ganando y la enorme mayoría de los afectados decidió que no se podía hacer nada en contra del gobierno.
En ese momento decidí hacer las cosas en solitario y no contratar abogados para llevar el caso. Comencé por acudir ante la CEDH. Ellos emitieron medidas cautelares a mi favor. La dependencia estatal informó a la CEDH que no estaban de acuerdo con lo solicitado y negaban mis alegatos. La CEDH decidió abrir una investigación porque consideran que hay suficientes elementos en mi queja para realizar una investigación más profunda
Justo después, interpuse un juicio de amparo en un juzgado federal; en menos de 15 días ya había conseguido una suspensión provisional (el primer escalón en un proceso de esa naturaleza). La autoridad, obligada a garantizar los acuerdos judiciales, simplemente desobedeció el mandato del juzgado. Pasaron unos cuantos días y, ante la negativa de cumplimiento, el juzgado elevó la protección a suspensión definitiva (el segundo escalón del proceso). Por desgracia, una vez más, la dependencia estatal ignoró la resolución federal, consumando el doble desacato a la orden judicial.
Sigue las columnas de Juan Ordorica en la sección especial de Línea Directa
Actualmente, existen incidentes de incumplimiento abiertos a petición mía en contra del gobierno por las desobediencias a los mandatos del juzgado. La resolución final del amparo quedará lista a mediados de diciembre y la decisión sobre las posibles sanciones y consignación penal de los servidores públicos responsables quedará decidida unos días antes.
El juicio de amparo es un instrumento diseñado para proteger al ciudadano de los abusos de servidores públicos. Es una institución sagrada para el sistema de justicia en México. Las suspensiones eran acatadas en su enorme mayoría porque ese es el espíritu del amparo: evitar que se causen daños durante el tiempo que dure el juicio. Desgraciadamente, cada vez son más los servidores públicos que prefieren utilizar triquiñuelas legales para salirse con la suya, que ser verdaderos servidores públicos comprometidos con el Estado de Derecho.
Hasta el momento, en mi actuación con los jugados federales, puedo opinar que se han portado con profesionalismo. Ellos están actuando en el marco que les permite la ley y han respetado los plazos sin mayores demoras; el gran problema radica en la obediencia del gobierno del estado de Sinaloa. Son ellos los que han puesto en entredicho la eficacia de un instrumento que está diseñado para proteger al ciudadano. Los servidores públicos están en su derecho de oponerse a mi queja, para eso es el juicio de amparo, pero están negando el derecho a evitar que se cause daño durante el tiempo que dure el juicio. La resistencia mostrada a obedecer las suspensiones es alarmante
Esta experiencia, más allá de ser una batalla personal, se ha convertido en una prueba de fuego, desde mi muy particular perspectiva, para el andamiaje jurídico mexicano. Si los funcionarios, que están obligados a jurar y guardar la Constitución, pueden ignorar impunemente una orden de un Juez Federal —máxima autoridad en la protección de derechos—, la confianza del ciudadano en el sistema se desmorona. Mi lucha no solo busca la restitución de un derecho particular, sino demostrar que el miedo no debe ganar a la ley y que la dignidad del Juzgado Federal debe ser restaurada: o el Estado de Derecho prevalece, o la arbitrariedad se consolida.
¿Usted qué opina, amable lector?
