Hay proyectos que obligan a elegir entre dos extremos: a favor o en contra. El complejo petroquímico de GPO en Topolobampo no debería ser uno de ellos.
México enfrenta un problema real. La dependencia de fertilizantes importados encarece la producción agrícola y deja al campo a merced de los mercados internacionales. En un estado como Sinaloa, donde la agricultura es motor económico y parte de la seguridad alimentaria del país, producir amoníaco aquí tiene lógica económica.
Las cifras son difíciles de ignorar: una inversión superior a los 5 mil millones de dólares en su desarrollo total, miles de empleos y una capacidad suficiente para sustituir buena parte de las importaciones nacionales de amoníaco. En un contexto donde el país busca mayor autosuficiencia, no es un proyecto menor.
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Pero tampoco puede ignorarse dónde está construido.
La bahía de Ohuira es uno de los ecosistemas costeros más valiosos del noroeste mexicano. Es un sitio Ramsar, colinda con áreas reconocidas por la Unesco y sostiene la actividad de miles de pescadores, además de tener un profundo valor para las comunidades indígenas mayo-yoreme.
Precisamente por eso, este proyecto terminó en tribunales, obligó a repetir la consulta indígena y hoy sigue bajo el escrutinio de organismos internacionales y de la propia Semarnat.
También es cierto que el proyecto ha evolucionado. El diseño incorpora sistemas de enfriamiento de circuito cerrado, reutilización de aguas residuales y medidas para reducir significativamente el impacto ambiental respecto a la propuesta original. Sobre el papel, representa una mejora importante. La verdadera prueba será demostrar que todo eso funcione durante décadas, no únicamente el día de la inauguración.
Ahí está el punto central.
Ni las inversiones multimillonarias compran impunidad ambiental, ni el valor ecológico de una región significa que todo desarrollo deba cancelarse automáticamente.
La postura más responsable parece ser otra: permitir que un proyecto estratégico avance, pero bajo vigilancia permanente, con inspecciones independientes, monitoreo público y la certeza de que cualquier incumplimiento tendrá consecuencias inmediatas.
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La soberanía alimentaria también depende de producir fertilizantes. La protección ambiental depende de que las reglas se cumplan.
Si Topolobampo logra ambas cosas, Sinaloa habrá demostrado que desarrollo y sustentabilidad pueden convivir. Si falla en cualquiera de las dos, habrá desperdiciado una oportunidad histórica. Esa, al final, es la verdadera discusión.
