Más allá de las implicaciones económicas de la lucha contra el robo de gasolina, las acciones emprendidas por el gobierno federal en este sentido nos presentan inquietantes dudas.
Del resultado de este plan específico dependen las expectativas de muchos ciudadanos sobre el éxito que este nuevo régimen tendrá en el establecimiento del estado de derecho en otros rubros. De ahí la preocupación y la incertidumbre.
¿Tiene el Estado mexicano la suficiente fuerza como para enfrentar a estas organizaciones criminales? ¿Esos grupos delincuenciales poseen el poder suficiente para neutralizar esas medidas mientras a los ciudadanos nos colocan contra la pared? ¿Hay realmente una planeación razonada del operativo puesto en marcha? ¿Sabe del costo económico y político de lo que se está haciendo? ¿Tiene el gobierno federal contemplado el tiempo que se ocupa para reducir los impactos de las medidas en la población?
La estrategia de la autoridad para frenar el millonario robo de gasolina está dando coletazos fuertes e incomodando a diversos sectores en muchas zonas del país, y no solo a quienes se dedican a la ilegal actividad que se combate, sino a otros que nada tienen que ver en el asunto.
Pero ni abandonar el combate al robo de combustibles, ni permitir el desabasto, ni dejar de capturar y castigar a los funcionarios y particulares que se han dedicado al saqueo de ductos de Pemex son opciones para este gobierno. Se tiene que tiene que continuar a fondo, si acaso modificando estrategia, informando con veracidad y llamando a las cosas por su nombre.
Habría un periodo de respaldo incondicional a las medidas de parte de las bases de AMLO, pero el tiempo es importante. El aval iría disminuyendo inversamente al crecimiento del impacto que genere el desabasto de combustibles, y de prolongarse esa solidaridad iría diluyéndose hasta llegar a la abierta crítica a la táctica oficial implementada.
Y si se va más allá, el desabasto de combustible podría impactar de manera más notable en el desarrollo de las diversas actividades económicas de esas zonas en una especie de “efecto dominó” y por ende el bolsillo de los ciudadanos, lo que ampliaría ese repudio a la logística que se puso en marcha. Y ese mismo rechazo se traslaparía al exitoso proyecto político que llevó a Andrés Manuel López Obrador al poder.
Lo más preocupante es que si al final de todo esto, de cerrar ductos, implementar el transporte del combustible en pipas, dejar sin combustible a varios estados y trastocar las cotidianas actividades de millones de mexicanos, todo fracasa, quedará en los mexicanos una sensación de alta vulnerabilidad, de impotencia y exposición a la delincuencia.
Por eso la relevancia del apoyo ciudadano a estas acciones, que no puede ser absoluto ni tampoco indefinido, pero será más amplio si se nos convencen de que esta lucha es producto de una planeación inteligente y no de ocurrencias.
Porque si se fracasa, el mensaje a la sociedad sería demoledor. Mostraría que estamos a merced de los delincuentes, que ni el Estado tiene la capacidad de defendernos, y que si se atreve a defendernos la factura que tenemos que pagar por ello nos resulta mucho más cara que si nos quedamos
