Imagínese que, después de meses de fatiga, dolores recurrentes y una evidente pérdida de peso, decide ir al médico. Tras una batería de exámenes, el especialista entra al consultorio con el rostro serio. En ese momento, usted se prepara para el veredicto de salud que cambiará su vida, sabiendo que el diagnóstico se puede dividir en tres posibles escenarios.
El primero es el de la urgencia crítica: el doctor le dice que padece una enfermedad grave, potencialmente mortal, pero que existe un tratamiento agresivo, una cura real que, aunque dolorosa, le devolverá la salud plena en un par de meses. El segundo escenario es el de la tragedia fulminante: le informan que padece un cáncer terminal, que le quedan seis meses de vida y que no hay absolutamente nada que hacer más que despedirse.
Pero hay un tercer escenario, el más perverso de todos, y es exactamente el que Estados Unidos le acaba de recetar a México con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
En este tercer supuesto, el médico se sienta y le dice: Usted tiene fibrosis pulmonar idiopática. Es una enfermedad degenerativa y mortal, pero no se va a morir mañana; le quedan diez años. Hoy no tenemos cura, pero cabe la remota posibilidad de que en una década la ciencia médica descubra algo. Eso sí, para monitorear el deterioro, nos vamos a ver aquí cada año en una revisión obligatoria”.
Ese es el tamaño de la sentencia que pesa sobre nuestra economía. No nos mataron el tratado de golpe, pero nos inyectaron una incertidumbre de lento consumo. Las letras chiquitas del acuerdo son muy claras en su crueldad: las reglas del juego establecen que si tan solo uno de los tres países decide no estirar el horizonte del tratado por otros 16 años, la cláusula de salida a 10 años se activa de manera automática. Al negarse Washington a firmar la extensión duradera, el temporizador de la bomba se puso en marcha.
México y Canadá han decidido apostar sus cartas a la fe del paciente terminal. El gobierno mexicano asume de forma sumisa que en este plazo de diez años, el gigante del norte terminará por convencerse de la necesidad vital de su socio; es decir, juegan a que el milagro ocurra y la ciencia encuentre la cura antes de que se acabe el tiempo.
Sin embargo, la realidad económica no entiende de milagros ni de buenos deseos. Mientras transcurre esa cuenta regresiva, el país se enfrenta a una tarea verdaderamente monumental y esquizofrénica. Por un lado, estamos obligados a salir a buscar opciones con urgencia desesperada en otros mercados, intentando tejer alianzas comerciales a contrarreloj en Europa o Asia para no quedarnos desnudos si el respirador se apaga. Pero, por el otro, en el colmo de la contradicción, tenemos que gastar nuestras pocas energías políticas y económicas en seguir cabildeando, rogando y luchando por convencer a nuestro principal socio de que reconsidere y nos otorgue la tan ansiada extensión del tratado. Es el equivalente a buscar un nuevo empleo mientras pasas el día intentando convencer al jefe que te acaba de despedir de que te regrese el puesto.
¿Qué pasa con un paciente que vive bajo esa condena? Su vida se congela. No puede planificar a largo plazo, no compra una casa que pagará a veinte años, no emprende un negocio que requiera maduración y cada proyecto se vuelve inmediato, efímero y timorato. El T-MEC ha entrado en esa fase de agonía administrada. Con la decisión de Washington de ponerle fecha de caducidad a diez años y obligarnos a revisiones anuales, la columna vertebral de la certeza jurídica en Norteamérica se ha fracturado.
Aquí viene la paradoja más cruel de este diagnóstico: en ese plazo de diez años, en cada revisión médica anual habrá, en realidad, menos asuntos reales que revisar. Al negarse la extensión de 16 años que tanto México como Canadá mendigaban para estirar la vida útil del acuerdo, el reloj de arena empezó a vaciarse sin remedio.
Cada año que pase y que nos acerque a la fecha fatal de la culminación, será un año con menos expedientes abiertos, menos proyectos compartidos y menos compromisos de gran calado entre las tres naciones.
Los socios comerciales no van a poner sobre la mesa grandes disputas sobre el futuro porque, sencillamente, ya no hay futuro común garantizado. Las citas anuales serán un mero trámite para atestiguar cómo languidece la relación bilateral.
Cada año, México tendrá que sentarse en la camilla de exploración frente al gobierno estadounidense en turno. Año con año, los inspectores del norte vendrán a revisar si cumplimos con sus estándares laborales, si nuestras reformas energéticas les gustan, si el campo sinaloense no les compite de más o si las reglas de origen les cuadran. Y en cada revisión anual, lo único que se va a registrar no son los avances, sino el inevitable deterioro de la relación y la debilidad de un paciente que acude con el agua al cuello.
¿Quién va a querer meter millones de dólares a largo plazo en la industria automotriz, en el desarrollo tecnológico o en la infraestructura logística mexicana sabiendo que el tratado tiene una enfermedad terminal sin cura garantizada? Las grandes inversiones buscan certezas a treinta o cuarenta años, no contratos de arrendamiento condicionados a los humores políticos de la Casa Blanca cada doce meses.
El problema de fondo es que en los pasillos de la alta política mexicana se quiere celebrar esto como una “extensión de vida” o un triunfo de la negociación. Nada más alejado de la realidad. Nos dieron diez años de sobrevida condicional, no por benevolencia, sino porque a ellos tampoco les convenía el choque económico de un plumazo.
El T-MEC no murió de un infarto; lo mandaron a cuidados paliativos. Nos espera una década de revisiones médicas anuales donde el doctor estadounidense nos recordará, con el estetoscopio en la mano y ante una agenda de negocios cada vez más flaca, quién tiene el control del oxígeno y quién decide cuándo se desconecta el respirador.
¿Usted qué opina, amable lector? ¿Qué cura debemos buscar?
