Sentenciados

Hay una sentencia de muerte implícita para los contagiados de COVID-19 de los segmentos de la sociedad económicamente más desprotegidos. Sencillamente no tienen dinero para cubrir los más elementales gastos generados por la enfermedad.

Lo del Insabi no es más que falacia. Su gratuidad, una terrible mentira. Y no es culpa del personal de las instituciones de salud encargado de atender a los contagiados, sino consecuencia de la desordenada situación de ese sistema de salud pública desde su inicio.

Los familiares de los contagiados se desprenden de los pocos bienes que tienen, recurren al endeudamiento o a la caridad pública para comprar las medicinas o el oxígeno que se necesitan, o el paciente se muere. Así de dramático.

Y si esto es terrible, lo es también la criminal y descarada voracidad desatada en la comercialización de medicamentos e insumos diversos que son indispensables para el tratamiento de los enfermos.

Esa inhumana práctica se desinhibe ante la impunidad con la que pueden actuar por la complicidad, omisión o incapacidad de las dependencias que son, en el papel, las encargadas de mantener bajo control a esas empresas y personas carentes de ética y compromiso.

La Profeco y Coepris se paralizaron desde hace meses cuando empezaron las denuncias sobre el sobrpreprecio en farmacias y acaparamiento de medicamentos por los llamados “coyotes” para su reventa muy por encima del precio que tenían antes de la pandemia, y más recientemente con los tanques de oxígeno.

Si el Estado no muestra capacidad ni disposición para brindar a los más necesitados la atención gratuita al enfermar de COVID-19, y tampoco para evitar el tráfico impune de medicamentos e insumos, estamos en una situación de verdadero peligro.

Es el momento de dar prioridad a la salud. La industria farmacéutica y de otros insumos necesarios para enfrentar la enfermedad ha tenido por décadas beneficios desmedidos por parte del Estado, pero es necesario asegurar la posibilidad de acceder a tratamientos asequibles para los más pobres.

Solidaridad, pues, para esos ciudadanos que no pueden quedarse en casa porque tienen que trabajar, porque si no trabajan no come su familia, pero que al salir quedan muy expuestos a contagiarse, y al enfermar tampoco tendrán para curarse.

Comentarios

ut mattis elit. libero consequat. mi, Lorem efficitur. luctus in pulvinar