La medición de la incidencia delictiva es un tema fundamental para la toma de decisiones, no solo para la esfera pública-gubernamental, sino para la iniciativa privada, la academia y las organizaciones no gubernamentales. Es más, podría asegurar que este tema es uno de los asuntos públicos de mayor interés para los ciudadanos.
El gobierno del Dr. Rubén Rocha Moya no comenzó mal en materia de seguridad, tiene números positivos que hablan de una buena decisión en la continuidad del mando policial en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Por más que los agoreros de la catástrofe no lo quieran ver, en Sinaloa los feminicidios (en un 58%), el secuestro (en un 33%), el homicidio doloso (en un 22%) y el robo de vehículos (en un 7%) se han reducido de enero a agosto de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
La estrategia de seguridad del nuevo gobierno de la 4T en Sinaloa ha sido más efectiva que en otras entidades en donde para las gobernadoras y gobernadores electos en 2021, las cosas están color de hormiga. Por ejemplo, en Chihuahua con el escándalo internacional del asesinato de los sacerdotes jesuitas y lo sucedido en Ciudad Juárez en los últimos enfrentamientos. En Colima con el incremento de la mayoría de los delitos de alto impacto de manera alarmante, en particular el homicidio doloso que pasó de 45.3 por cada 100 mil habitantes en 2021 a 58.3 por cada 100 mil habitantes superando 3.5 veces la media nacional.
En Michoacán, en donde las cosas siguen igual de complicadas por las eternas disputas territoriales entre grupos delincuenciales, que prácticamente tienen tomadas regiones completas de la entidad donde la presencia de policías municipales o estatales es nula. En Zacatecas, en donde el homicidio ha posicionado a la entidad dentro de los 10 estados más peligrosos de México con el aumento de varios de sus delitos incluyendo la extorsión y el narcomenudeo.
En julio de este año, leí en El Economista que la Confederación Patronal Mexicana (COPARMEX) lamentó que en 10 estados del país el porcentaje de socios afectados como víctimas delincuenciales había aumentado. Denunciaron que en Tabasco el 62.8% de sus agremiados habían sido víctimas de algún delito en el último año, en San Luis Potosí 58.8%, Estado de México 55.8%, Veracruz 54.8% y Jalisco en 54.4%. Sinaloa, enhorabuena, estaba fuera de los 10 estados con mayor incidencia, según el organismo empresarial.
Los números están ahí, se hacen públicos mes a mes y sirven para medir lo que sirve y lo que no en materia de estrategias de prevención contra la delincuencia. En el caso de Sinaloa es el Secretariado Ejecutivo quien los hace públicos y son cotejados con la información de la Fiscalía General del Estado.
Pero, así como los números oficiales sirven para reconocer los esfuerzos de las autoridades en la disminución de los delitos, se debe tomar muy en cuenta que en Sinaloa durante este año el robo a comercio y el robo a casa habitación han tenido un preocupante aumento del 48% y 31% respectivamente, en comparación con el 2021.
Lo que un gobierno no debería hacer, porque no sería justo para los ciudadanos que buscan confianza en las cifras oficiales, sería recargarse en los elogios de los logros, y al mismo tiempo, demeritar o contradecir los mismos datos en aquello donde las cosas no caminan en buen sentido. Como decía el Mtro. Miranda, profesor titular en la materia de técnicas cuantitativas de decisión de mi universidad: los números son números, en las duras y en las maduras. Luego le seguimos…
