Otra vez se anuncia un bloqueo carretero en Sinaloa. Productores agrícolas han convocado para este lunes 24 de noviembre a una nueva jornada de cierre de carreteras, como medida de presión ante el gobierno federal.
La inconformidad es legítima: los precios internacionales del maíz y del trigo han sufrido una caída que pone en riesgo la rentabilidad de quienes producen los alimentos más elementales del país. La cifra que exigen, 7,200 pesos por tonelada de maíz, no es un capricho.
Sin embargo, a pesar de los encuentros públicos y privados, el gobierno federal no ha ofrecido una ruta que satisfaga al sector. La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema complejo: atender una demanda costosa en un contexto fiscal estrecho, y al mismo tiempo evitar que el precedente de los bloqueos se normalice como mecanismo de negociación. El país, y Sinaloa en particular, tiene demasiados incendios abiertos como para agregar otro a la lista.
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Pero más allá de la urgencia agrícola, hay otra lectura que podría molestar, pero es necesario hacerla: los bloqueos carreteros están provocando un daño profundo a sectores tan o más vulnerables que los productores. Transportistas, comerciantes, ambulancias, trabajadores que viajan por carretera, familias enteras. Todos quedan atrapados en un conflicto que no les pertenece y sobre el cual no tienen ninguna capacidad de decisión.
Los bloqueos paralizan la economía regional en un estado que ya está golpeado por la violencia y la incertidumbre. Lastiman la movilidad, encarecen el transporte, deterioran la productividad y afectan directamente al turismo, a la exportación y a la vida cotidiana. En pocas palabras: el remedio se convierte en una nueva enfermedad.
¿Es válido exigir solución a una causa legítima afectando a ciudadanos que no tienen culpa ni responsabilidad en el problema?
Lo digo con todo respeto y sin negar el derecho a la protesta: convertir al resto de la sociedad en rehén para presionar a la autoridad es una vía peligrosa.
Se entiende la desesperación de los productores, pero también hay que decirlo con claridad: Sinaloa no aguanta otro golpe económico. El transporte de carga y de pasajeros está enfrentando su propia crisis. El comercio vive de la respiración del día a día. Y las familias, todas, incluso las del campo, sufren el impacto directo.
El origen del conflicto está en el gobierno federal y su política agroalimentaria. El reclamo debe ir dirigido ahí, con firmeza, con inteligencia y con estrategia. Lo que no podemos normalizar es la condena de terceros inocentes.
Hoy, más que nunca, se requiere que el gobierno federal atienda de fondo la demanda de los productores agrícolas. No por presión política, sino por responsabilidad histórica: sin un campo rentable, sin apoyo oportuno y sin precios justos, la soberanía alimentaria del país está en riesgo.
Hoy el reto no es únicamente alcanzar un precio justo para el maíz o el trigo. El desafío mayor es evitar que el dolor social se multiplique en un estado que ya carga con demasiadas heridas abiertas.
