El tema del financiamiento público a los partidos es recurrente. Esta semana la diputada local Francisca Abelló Jordá consideró procedente la reducción del presupuesto para la operación de los partidos por el orden del 50 porciento, y creo que lo es.

Cada año el dinero que gobierno del estado entrega sol para la operación de los partidos es entre 120 y 130 millones de pesos. Cuando es año electoral ese presupuesto se incrementa aproximadamente un 50 porciento para pagar las campañas de los candidatos. Solo en 2021 ese gasto fue de 190.9 millones de pesos.

El asunto es relevante, más cuando se calcula lo que es posible realizar con ese dinero si se usara para hacer obras y prestar servicios públicos que incidieran en el mejoramiento de la calidad de vida de los sinaloenses.

Una pregunta: ¿Cuántas vidas de sinaloenses pobres se podrían salvar cada año con esos recursos si se usaran para comprar medicinas, tener más médicos y mejor pagados, además de hospitales bien equipados?

Otra: ¿Cuántos de esos miles de niños sinaloenses que reciben clases en mal llamadas aulas, sufriendo calor, frío o lluvias, pudieran tener escuelas dignas y más y mejores maestros si ese dinero que se llevan los partidos se usarán en la educación?

En desvergonzada complicidad todos los partidos se han blindado para evitar reducciones, de tal manera que aunque baje el número de partidos el presupuesto para ellos se mantenga y les corresponda más en el reparto.

No creo prudente acabar con el financiamiento público de tajo, pero si apelar a su moderación. Hay razones para hacerlo. El dinero no es lo más importante para obtener el voto ciudadano. Es un factor importante, pero no lo es todo.

Va un apunte sobre tal aseveración tomando como base el primer gran golpe a los partidos tradicionales en Sinaloa en 2018. Para ese año electoral de financiamiento estatal el PRI recibió dinero público por el orden de los 44.3 millones de pesos, el PAN 24.7 millones de pesos y el PRD 9.1 millones de pesos. El PRI sufrió la peor derrota de su historia en el estado, el PAN quedó el tercer lugar y el PRD no alcanzo ni tan siquiera el porcentaje requerido para mantener el registro.

El dinero no lo es todo, pero cómo lo defienden, porque quienes resultarían inmediatamente afectados en una reforma para moderar el financiamiento son los únicos que pueden aprobarla.

A mediados del mes de enero el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) aprobó la actualización del financiamiento a partidos políticos para este 2020, con lo que se dio también un aumento por el orden de los tres millones de pesos en relación al proyecto original aprobado por ese órgano en agosto del año pasado.

Han pasado algunas semanas, pero la indignación ciudadana no debe tener fecha de caducidad cuando no se han corregido las causas que la generaron. Y este el caso con el financiamiento público de los partidos políticos, cuando menos en las proporciones en que se está haciendo.

Porque resulta que con las reglas actuales Morena recibirá 48 millones 455 mil pesos, el PRI 32 millones 514 mil pesos, el PAN 18 millones 955 pesos, el PAS 14 millones 433 mil pesos y el PT 11 millones 250 mil pesos. Y es dinero público.

Los partidos políticos con todos sus derechos en Sinaloa recibirán más de 125 millones de pesos. Y no es todo. A esto súmesele el dinero que reciben de parte de los ayuntamientos en función de la cantidad de regidores que tienen, en una absoluta aberración y descaro para saquear las finanzas públicas de esas instancias de gobierno en permanente crisis.

¿Hay algún argumento de peso para justificar que del dinero que los ciudadanos pagamos vía impuestos se les deba entregar lo equivalente a cien salarios mínimos mensuales por cada regidor? No lo hay, pero sí todo tiene una clara explicación: su desvergonzada voracidad.

Es prudente dejar apuntado algo, porque luego los defensores a ultranza de estos saqueos recurren al razonamiento de que es algo legal, plenamente establecido en la ley. Y es cierto, pero son las leyes que ellos mismos, los partidos, han creado a conveniencia para legalizar ese atraco. Legal sí, ético jamás.

No creo prudente acabar con el financiamiento público de tajo, pero si apelar a su moderación. Hay razones para hacerlo. El dinero no es lo más importante para obtener el voto ciudadano. Es un factor importante, pero no lo es todo.

Va un apunte al respecto. Para el año electoral de 2018 en Sinaloa el PRI recibió financiamiento público por el orden de los 44.3 millones de pesos, el PAN 24.7 millones de pesos y el PRD 9.1 millones de pesos. El PRI sufrió la peor derrota de su historia en el estado, el PAN quedó el tercer lugar y el PRD no alcanzo ni tan siquiera el porcentaje requerido para mantener el registro.

Mientras tanto el partido Morena, con solo 10.9 millones de pesos de financiamiento público, ganó casi todo.

Entonces, el gran problema de los partidos para que la gente les dé su voto no es de disposición de dinero, sino de falta de credibilidad, del desprestigio que arrastran. En eso tendrían que trabajar, y pueden empezar muy bien con una postura acordada por todos precisamente para moderarse en ese sentido.

Una pregunta: ¿Cuántas vidas de sinaloenses pobres se podrían salvar cada año con esos recursos si se usaran para comprar medicinas, tener más médicos y mejor pagados, además de hospitales bien equipados?

Otra: ¿Cuántos de esos miles de niños sinaloenses que reciben clases en mal llamadas aulas, sufriendo calor, frío o lluvias, pudieran tener escuelas dignas y más y mejores maestros si ese dinero que se llevan los partidos se usarán en la educación?

Digo.