Durante los últimos 8 años, el crecimiento promedio del PIB en México ha sido menor al 1 por ciento. Al referir este indicador, no se habla de un simple dato estadístico o de una variable económica aislada, de poco peso. El prolongado estancamiento económico nacional ha afectado a diversas regiones del país, a la mayor parte de los estados y sectores productivos.
Sinaloa es un estado con una economía altamente dependiente de las actividades primarias. Pero más allá de arraigadas posiciones chovinistas, que señalan que nuestro campo alimenta a todos los mexicanos, lo cierto es que desde hace mucho tiempo esto ha dejado de ser una ventaja competitiva importante. Nuestra entidad se ha venido rezagando y no ha sacado provecho de los profundos cambios estructurales que se han registrado en México durante las últimas tres décadas.
El balance no es alentador: Sinaloa no fue un estado ganador con el TLC y tampoco lo ha sido con el TMEC.
Han sido principalmente los estados de la frontera norte, como Baja California, Chihuahua, Nuevo León; los estados del occidente y el bajío mexicano, como son Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro; el Estado de México en el centro de la República; las entidades que más éxitos y logros económicos han construido por contar con sectores industriales exportadores de manufacturas y probar una fuerte capacidad para atraer inversión extranjera directa.
Las exportaciones de Sinaloa representan menos del 1 por ciento de las exportaciones totales del país. Nuestro estado exporta muy poco; lo hace con un reducido número de empresas, con unos cuantos bienes primarios como son carne y hortalizas.
De igual forma, en comparación con el total nacional, en los últimos dos años la inversión extranjera directa que llegó a nuestra entidad también fue menor al 1 por ciento.
La crisis de inseguridad ha desalentado a los inversionistas extranjeros, pero también ha lastimado mucho a la economía sinaloense. En tan solo dos años se perdieron alrededor de 25 mil empleos formales registrados ante el IMSS, principalmente de trabajadores agrícolas eventuales. Como resultado de esta violencia imparable, ha resultado muy fuerte la afectación de la actividad comercial y de servicios, particularmente en la ciudad de Culiacán, la cual genera el 40 por ciento del PIB estatal. Durante los meses recientes, Sinaloa es uno de los estados del país donde más está creciendo la ocupación informal.
En Sinaloa enfrentamos una realidad compleja y desfavorable que nos debe convocar a romper inercias y promover cambios de fondo en las políticas públicas. De poco o nada sirven las actitudes. Un tanto autocomplacientes desde las esferas de gobierno, que continúan estancadas en la misma retórica, insistiendo en que somos un estado lleno de oportunidades y potencialidades.
Los hechos duros y los múltiples problemas nos marcan otra realidad, una realidad distinta.
Urge atender el problema de los pagos a los productores de maíz. La sensible caída en los rendimientos promedio, una menor producción por hectárea le ha restado efectividad a los apoyos de 1,700 pesos por tonelada, que tanto el gobierno federal como el estatal se comprometieron a entregar.
Si no se agilizan los trámites burocráticos para concretar un pronto pago, van a surgir justificadas expresiones de inconformidad en el sector agrícola. El avance es muy lento. Hasta hace dos semanas, solamente se les había entregado estos apoyos de 1,700 pesos por tonelada a 500 productores de maíz, de un padrón total de 25 mil beneficiarios.
La debilidad económica nacional y la permanencia de la inseguridad pública también han alejado a los turistas. Durante el periodo enero-abril de 2026, la recaudación del Impuesto al Hospedaje cayó un 22 por ciento. Esto ha afectado al turismo en Mazatlán y a los cinco Pueblos Mágicos que tenemos en Sinaloa. Llama mucho la atención el caso de El Fuerte, el más consolidado de estos, que solamente registró el 0.3 por ciento de la recaudación total.
Si no se enfrentan con determinación, los problemas de la economía sinaloense se van a acentuar.
A lo largo y ancho de Sinaloa, la obra pública federal y estatal se ha debilitado de manera preocupante.
Asimismo, la reducción de las participaciones federales que reciben los 20 municipios sinaloenses está agudizando la crisis de sus finanzas públicas, de por sí ya deterioradas. Algo urgente se tendrá que hacer para fortalecerlos financieramente y presupuestalmente. Ahora tenemos ayuntamientos, como Mocorito, que tienen niveles de morosidad del 68 por ciento en el cobro del Impuesto Predial.
Nos urge un plan integral para transformar la estructura económica; necesitamos empezar desde ahora; desplegar un trabajo colectivo que implicará varias décadas de esfuerzo sostenido.
Para reactivar la economía sinaloense se va a requerir de un fuerte liderazgo social, particularmente, de un liderazgo más visionario y efectivo de toda la clase política en el poder.
