Una de las tareas esenciales del periodismo es mantener bajo estricto escrutinio a los servidores públicos. Muchos medios mexicanos han cumplido con ese compromiso a pesar de todos los riesgos que ello implica.
Miente el Presidente cuando afirma que periodistas y medios callaron en el pasado “como momias” actos ilegales de gobiernos que hoy denuncian.
Eso no es cierto. Los más grandes escándalos de corrupción en pasados gobiernos en México han salido a la luz pública precisamente gracias a serias investigaciones periodísticas.
El hartazgo de la sociedad mexicana que encontró cause de salida mediante el voto hacia un proyecto que llegó a generar confianza en el sentido de que combatiría la corrupción “como de barren las escaleras, de arriba hacia abajo”, fue en mucho generado por esas profesionales denuncias periodísticas sobre los abusos desde el poder.
Esa exigencia de escrutinio permanente a los servidores públicos era alentada desde la entonces oposición, pero curiosamente muchos de los que promovieron esa práctica ahora como funcionarios de gobierno se sienten indignados cuando se les menciona en esas investigaciones periodísticas de incurrir en actos que se ubican cuando menos bajo la sospecha de corrupción.
Los señalamientos sobre presunta corrupción de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndida Sandoval, requiere una respuesta más allá de la descalificación de la información y del calificativo de “sicarios mediáticos” endilgado a los autores por la funcionaria a través de sus redes sociales.
Igual que lo requiere el asunto de la denuncia en contra de la ex dirigente nacional de Morena Yeidckol Polevnsky por la presunta desviación de recursos públicos, que eso y no otra cosa son las prerrogativas que reciben los partidos, por casi 400 millones de pesos.
Como mayor contundencia requería también la investigación y postura presidencial en el escandaloso caso del director de la CFE, Manuel Bartlett, sobre su enriquecimiento inexplicable, conflicto de interés y omisiones en su declaración patrimonial.
La honestidad y transparencia en un gobierno no se logra por decreto. Y no medir con la misma vara un mismo acto de corrupción aunque en un diferente el gobierno es de cínicos, y también de corruptos.
