Culiacán, repite conmigo: no es normal lo que estamos viviendo a diario.
No es normal salir con miedo. No es normal revisar rutas antes de moverse por la ciudad. No es normal que una balacera cambie la hora de regreso a casa. No es normal que ir al abarrote pueda terminar en tragedia.
No es normal que Sinaloa acumule, en menos de 20 meses, más de dos mil homicidios cruentos, más de cuatro mil desapariciones, más de 150 feminicidios. Tampoco es normal el número incontable de familias desplazadas; los miles de negocios cerrados y empleos perdidos, así como una ciudad obligada a vivir con miedo como si fuera rutina.
Tampoco es normal que, mientras vivimos esta crisis, el “Honorable” Congreso de Sinaloa quiera empujar una ley de “transparencia”, pero que en los hechos abre la puerta a más opacidad.
No les basta con el miedo. También quieren la oscuridad.
La llamada iniciativa “Ley Rocha” de Transparencia , también socializándose como “Ley Tapadera”, se presenta con palabras bonitas: armonización, eficiencia, austeridad, modernización institucional. Pero detrás del lenguaje técnico hay un problema de fondo: debilita el derecho ciudadano a saber y traslada funciones de garantía a estructuras internas del propio poder. La propia iniciativa plantea que, en el Poder Ejecutivo, la autoridad garante sea un órgano desconcentrado de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Es decir: el poder revisándose a sí mismo.
Esta ley no aparece de la nada. Viene de la dichosa “armonización” federal, esa palabra tan limpia que usan para disfrazar retrocesos. En diciembre de 2024 se publicó la reforma constitucional de simplificación orgánica, con la que desaparecieron órganos autónomos, entre ellos el INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y los órganos garantes estatales de transparencia. En Sinaloa, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, CEAIP. Nos dijeron que era por ahorro, por austeridad, por eliminar duplicidades. Pero en materia de transparencia el golpe fue claro: se debilitó un modelo construido durante años para que el ciudadano pudiera preguntarle al poder sin depender del permiso del propio poder.
Porque eso era lo importante de tener órganos garantes autónomos. No eran perfectos, claro que no. Pero representaban una barrera institucional entre el ciudadano que pregunta y el gobierno que muchas veces no quiere responder. Con la reforma federal, esa barrera se vino abajo. Y ahora, en Sinaloa, la “Ley Rocha” pretende aterrizar esa misma lógica: que la transparencia sea administrada desde dentro. Que el gobierno revise al gobierno. Que las contralorías y órganos internos de control se conviertan en árbitros de un partido donde también juegan los intereses del poder.
Armonización le llaman.
Pero armonizar no debería significar obedecer una regresión sin discutirla. Armonizar no debería ser copiar el retroceso federal y vestirlo de ley local. Armonizar no debería convertirse en la excusa perfecta para tumbar lo poco que se había avanzado en el derecho a saber. Porque la transparencia no es un adorno democrático. No es una moda de organizaciones civiles. No es un trámite para periodistas. La transparencia es una herramienta ciudadana para revisar al gobierno. Sirve para seguir el dinero público, conocer contratos, detectar irregularidades, revisar compras, exigir respuestas y exhibir aquello que el discurso oficial intenta esconder. Por eso incomoda. Y por eso la quieren controlar.
Este martes 19 de mayo, en el Congreso del Estado, ciudadanas y ciudadanos con conocimiento en la materia acudieron a un foro para hablar sobre esta ley. Fueron convocados a “participar”. Pero una cosa es participar y otra muy distinta es ser usado como escenografía. ¿Por qué? Porque al final, lo que se les dejó ver es que sus propuestas no eran para frenar una ley cuestionada, sino para “engrosarla”. Para alimentar el mismo documento que buena parte de la ciudadanía especializada no quiere que se apruebe en esos términos. Abrieron el micrófono, pero no la decisión. Simulan apertura, mientras la ruta política ya viene trazada.
Al frente de esta responsabilidad está el diputado por el Distrito 13, Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, legislador del Partido Verde Ecologista de México y presidente de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana. Su cargo no es menor. Su responsabilidad tampoco. Y por eso es todavía más grave que, frente a señalamientos tan claros, no haya escuchado como debía. Que no haya entendido que la ciudadanía no estaba ahí para aportar comas, adornos o parches, sino para decir algo mucho más profundo: la “Ley Rocha” no debe pasar.
Rodolfo Valenzuela Sánchez no es un ciudadano cualquiera sentado en una mesa cualquiera. Es un diputado que recibe mensualmente una dieta neta de $103,899.20 pesos. Además, cuenta con un fondo de gestión social de $20,000 pesos; $10,000 pesos adicionales por pertenecer a la Junta de Coordinación Política y $20,000 más por presidir la Mesa Directiva. Es decir, mensualmente recibe más de $150,000 pesos. A eso se suman beneficios anuales, como lo es un aguinaldo de $166,108.39 pesos y prima vacacional de $9,411.40 pesos.
El punto no es hacer escándalo por el sueldo, sino exigir proporción entre lo que cuesta un representante público y lo que produce, escucha y defiende. Porque, según los datos disponibles, Rodolfo Valenzuela Sánchez no tiene iniciativas en lo individual. Ninguna. Tampoco iniciativas en conjunto. Y como grupo parlamentario aparecen 31, de las cuales solo cuatro han sido aprobadas, principalmente como adiciones o reformas a distintas fracciones de leyes y códigos.
Entonces la pregunta es válida: ¿cómo puede presidir una comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana alguien que, frente a una discusión pública de este tamaño, no parece dispuesto a escuchar a la ciudadanía? En Sinaloa, la opacidad no es un error administrativo. Es una forma de poder.
Y eso en Sinaloa, eso pesa. Mucho. Porque vivimos una crisis profunda de seguridad, confianza, economía, movilidad, convivencia y miedo. Una crisis donde cada día hay preguntas que merecen respuestas claras. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué no está haciendo? ¿Dónde están los recursos? ¿Qué contratos se han firmado? ¿Qué decisiones se están tomando? ¿Qué información se está reservando? ¿Quién rinde cuentas por tanta omisión?
En un estado y una ciudad donde se está normalizando vivir entre retenes, balazos y silencios, el Congreso quiere quitarnos otra cosa: el derecho a mirar al poder. Y eso no se puede normalizar, no se puede dejar pasar.
También preocupa que se amplíen causales para reservar información relacionada con seguridad pública, auditorías, investigaciones, procedimientos administrativos, procesos deliberativos y proyectos del Estado. Además, la propuesta permite que las respuestas a solicitudes puedan tardar hasta veinte días hábiles, con posibilidad de ampliarse diez más. Buscan el desgaste. Porque el poder sabe que muchas veces no necesita negar la información de frente. Le basta con retrasarla, complicarla, fragmentarla, reservarla, mandarte de una oficina a otra, cansarte hasta que desistas. La opacidad moderna no siempre cierra la puerta. A veces solo la llena de trámites.
Culiacán no necesita más sombras. Ya tenemos demasiadas.
Tenemos miles de asesinatos, miles de desaparecidos, familias incompletas, negocios cerrados, ciudadanos cansados de tener miedo y hartos de estos gobiernos que minimizan lo que sucede. Tenemos representantes populares en campaña anticipada mientras la ciudad se rompe. Tenemos gobernantes bajo licencia, señalados por autoridades extranjeras e investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Entonces mi pregunta es inevitable: ¿de verdad el Congreso de Sinaloa quiere aprobar, sin escuchar a la ciudadanía, una ley de transparencia propuesta desde un Ejecutivo políticamente golpeado, cuestionado y bajo sospecha?
Lo último que necesitamos es un Congreso que quiera apagar la poca luz que queda. Porque la transparencia no es concesión del poder. Es derecho ciudadano. Y cuando un gobierno quiere controlar lo que se sabe, lo que se pregunta y lo que se responde, no está protegiendo a la sociedad. Se está protegiendo a sí mismo.
