En los próximos días de diciembre es muy probable que sea reformada la Ley de Aguas Nacionales, la cual data desde 2012.
Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha tomado el asunto del agua en sus manos y actualmente se discute un proyecto de dictamen en el Congreso de la Unión. En 1992 se otorgaron cientos de miles de concesiones a privados, bancos, políticos y a empresas privadas. En la actualidad algunos privados tienen miles de millones de litros de agua, más que algunas ciudades.
Es un tema polémico y espinoso, y quienes acaparan millones de litros de agua se resisten a perder sus privilegios y participaron en el bloqueo de carreteras en días pasados. Quieren que el acaparamiento y la concentración del agua en muy pocas manos continúe.
Este modelo tiene que cambiar, el sector agroindustrial es el dueño de facto del 76% del agua en México, gracias a entidades privadas conocidas como Distritos de Riego.
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La politóloga Viri Ríos menciona que: “La nueva Ley General de Aguas representa un avance importante para detener estos abusos. Prohíbe la transferencia automática de permisos entre particulares, frena la conversión de concesiones en activos negociables sin escrutinio, y crea un Fondo Nacional de Reserva para redistribuir volúmenes con criterios sociales y de equidad”.
Hoy operar un Distrito de Riego es buen negocio, porque la ley exime a los agroindustriales a pagar por el agua que extraen, y le permite venderla al mejor postor para obtener ganancias millonarias. Los distritos abusan y la venta del agua les generan más ingresos a los agroindustriales que las propias cosechas. Por ejemplo, el distrito de riego 014 de Baja California, le vende el agua al municipio de Tijuana, y lo vende seis veces más caro que lo que les cuesta a ellos su extracción.
Esta nueva Ley obligará a los concesionarios a medir y reportar sus consumos, y aplicar sanciones más firmes ante prácticas ilegales. El agua no puede seguir tratándose como un botín que unos cuantos capturan y monetizan.
La iniciativa de ley de la presidenta Claudia Sheinbaum busca tener tener un sistema de concesiones ordenado, transparente y con plena certidumbre para los usuarios. El Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua. Tal y como lo dice el artículo 27 de nuestra Constitución.
En la actualidad hay mercado negro de agua. El agua es vendida a particulares a costa del derecho de la mayoría. Se evitará que aquellos que obtengan el líquido gratis puedan comercializarlo.
La iniciativa de Claudia Sheinbaum busca eliminar prácticas de “acaparamiento” por la concentración de concesiones y grandes cantidades de agua, en contraste con el desabasto en comunidades y para actividades de pequeños y medianos productores. Se limitará el pago de la cuota de garantía a un máximo de 5 años.
