La entrega de 100 patrullas a la Policía Estatal, junto con nuevo equipamiento, es sin duda un avance necesario. En cada operativo, en cada recorrido, los agentes se juegan la vida y, en ese sentido, tener mejores unidades y herramientas representa también una forma de protegerlos. Bien por el esfuerzo del gobierno estatal y el respaldo de la federación.
Sin embargo, hay un punto pendiente que no podemos seguir ignorando: los sueldos y las prestaciones de los policías. Porque, más allá de la protección que significa una patrulla equipada, lo que pesa en la mente de cada agente al salir de su casa es el bienestar de su familia.
¿Qué pasa con sus familias, sobre todo con sus hijos, si él o ella no regresan después de un enfrentamiento?
La guerra contra el crimen organizado —llámese Cártel de Sinaloa o como se le quiera nombrar— ha dejado decenas de policías locales y federales caídos en los últimos años. Pero a diferencia de las fuerzas federales, que cuentan con esquemas más sólidos de seguridad social, los agentes estatales suelen estar en una situación mucho más vulnerable.
Si realmente queremos fortalecer a las corporaciones locales, el camino no se construye solo con patrullas, chalecos y armas. Se construye con certeza laboral, con sueldos dignos y con prestaciones que den tranquilidad a las familias.
Solo así, los policías podrán salir a la calle sabiendo que, pase lo que pase, sus seres queridos estarán protegidos.
Las patrullas son necesarias, por supuesto. Pero la deuda más grande no se mide en caballos de fuerza ni en las armas, sino en la seguridad social de quienes ponen el cuerpo en la primera línea de fuego. Ese sigue siendo el gran pendiente.
