En días pasados, la diputada Minerva Vázquez González presentó una iniciativa interesante que de aprobarse y de empezar a implementarse pronto, tendrá un fuerte impacto en la relación ciudadano-policía.
La legisladora nos dice que el uso de tecnología en materia de seguridad pública y protección ciudadana es una práctica aceptada y utilizada en México y el resto del mundo. El Zócalo de la CDMX es un lugar seguro debido a las miles de videocámaras que se instalaron durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
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El uso de videocámaras multiplica la capacidad preventiva, probatoria y operativa de las instituciones, al tiempo que eleva la protección de los derechos de la ciudadanía. Su importancia puede describirse, al menos, en cuatro dimensiones interrelacionadas: 1) prevención y disuasión inmediata, 2) transparencia y rendición de cuentas, 3) protección efectiva de los derechos humanos, y 4) gestión basada en datos y mejora continua.
Cuando autoridades, corporaciones y ciudadanía comparten estándares claros de uso y supervisión, las herramientas tecnológicas se convierten en aliadas decisivas para construir entornos más seguros y transparentes, inhibir posibles abusos y garantizar el debido proceso.
Con la presente iniciativa se plantea establecer el uso de videograbación operativa como instrumento para prevenir incidentes, documentar las actuaciones policiales y robustecer la fuerza probatoria de las mismas.
Las instituciones de seguridad pública del Estado y los municipios deberán equipar a todas sus patrullas con videocámaras embarcadas y dotar a cada agente operativo de una videocámara corporal, garantizando la grabación íntegra de toda interacción con la ciudadanía.
La propuesta de la diputada Minerva Vázquez promueve la confianza en y la legitimidad de la policía. Esto va a ayudar a subsanar uno de los mayores retos en México, donde alrededor del 70 por ciento de los ciudadanos cree que su policía local es corrupta o ineficiente.
Lamentablemente, en muchas partes del mundo, incluidas México y Sinaloa, al referirse a la policía se asocia a corrupción, clientelismo, impunidad, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y abusos de autoridad.
La hipótesis principal de esta propuesta es que utilizar estos dispositivos propicia la reducción de casos de uso excesivo de la fuerza. Se asume que esto ocurre debido a que ambas partes de la interacción policía–sospechoso se adhieren a las normas sociales y mejoran su conducta cuando descubren que alguien les está observando. En otras palabras, las cámaras se convierten en una especie de “observador externo” capaz de disuadir a la policía de una mala actuación, al tiempo que incentivan al sospechoso a controlar su propio comportamiento y aunado a todo esto, las videocámaras pueden proporcionar evidencia en hechos delictivos y servir para la generación de datos para la toma de decisiones para mejorar diversos aspectos del funcionamiento policial.
Sabemos que de aprobarse esta iniciativa, su implementación tendrá que ser gradual, poco a poco, pues implica una fuerte erogación presupuestal. Pero se puede empezar, ayudará a tener mejores cuerpos policiacos, los cuales darán mejores resultados a la ciudadanía.
