Originalmente pensé en titular esta columna de manera más cruda, pero opté por evitar palabras que pudieran chocar con algoritmos o sensibilidades. La intención, sin embargo, es clara: cuestionar la forma en que las autoridades en Sinaloa miden el “éxito” de su estrategia contra la violencia, reduciéndola al conteo mensual de homicidios. Este enfoque, desde mi perspectiva, no solo es insuficiente, sino profundamente insultante.
Hace unas semanas, un adolescente autista de 15 años fue arrancado de su hogar y asesinado a sangre fría frente a sus padres. En las estadísticas, su tragedia se registra como un homicidio más. Días después, otro joven fue ultimado cerca de un parque. También es un número. Cada víctima tiene una historia, un rostro, una familia destrozada, pero en el frío lenguaje de las cifras, solo son datos. ¿Cómo puede un número capturar el dolor de estas pérdidas?
Las autoridades han celebrado en más de una ocasión la supuesta reducción de asesinatos, solo para que la realidad les estalle en la cara al mes siguiente con un nuevo repunte. Pocos funcionarios han tenido la honestidad de admitir que sus “avances” eran prematuros. Peor aún, parecen incapaces de prever eventos como la aparición de camionetas repletas de cuerpos de personas desaparecidas, que disparan las estadísticas y evidencian su falta de control.
Medir el éxito por el conteo de cadáveres es una estrategia fallida. Lo vimos en la guerra de Vietnam, cuando Estados Unidos informaba diariamente las bajas enemigas para proyectar una victoria que nunca llegó. La historia nos enseña que los números, sin contexto, pueden mentir. En Sinaloa, las autoridades se han convertido en rehenes de estas estadísticas, atrapadas en una métrica que no controlan, porque quienes dictan los números son los criminales, con sus propios cálculos y agendas.
A casi un año del recrudecimiento de la violencia, las autoridades no han transformado la realidad que nos trajo hasta aquí. Los sistemas policiales permanecen intactos, sin reformas sustanciales en su marco jurídico. No se han impulsado campañas sociales para recuperar espacios públicos, ni se ha aprovechado el potencial del deporte como herramienta para alejar a los jóvenes de la delincuencia. En resumen, se ha administrado la crisis, pero no se ha atacado su raíz. Las estadísticas se convierten, entonces, en un refugio para quienes no tienen otras respuestas.
La narrativa oficial en Sinaloa insiste en que una disminución en los homicidios refleja un estado más seguro. Sin embargo, aferrarse a estas cifras como prueba de éxito es engañoso y peligroso. Los números, despojados de contexto, simplifican una realidad compleja y ocultan la verdadera magnitud de la crisis. Los homicidios son solo una cara de la violencia. En Sinaloa, delitos como desapariciones, robos, extorsiones y violencia familiar han crecido de forma alarmante. Por ejemplo, en enero de 2025, la privación de la libertad aumentó un 201 % respecto al año anterior, y el robo de vehículos un 140 %. La percepción de inseguridad en Culiacán, según encuestas, pasó de 44.7 % en junio a 55.7 % en septiembre de 2024, reflejando el temor que permea en la población.
Además, las estadísticas oficiales suelen basarse en denuncias registradas, pero en un contexto de miedo y desconfianza hacia las autoridades, muchos delitos no se reportan. Esto subestima la realidad. Las desapariciones, por ejemplo, son una herida abierta: entre 2010 y 2024, Sinaloa acumuló 13,253 casos, de los cuales el 10.5 % terminaron con personas localizadas sin vida. La narrativa de la “baja en homicidios” ignora el sufrimiento de miles de familias que aún buscan a sus seres queridos.
El enfoque en los asesinatos también desvía la atención de las causas estructurales de la violencia. La narrativa oficial de pacificación, respaldada por datos selectivos, evade estas verdades y perpetúa la idea de que la violencia es un problema meramente criminal, cuando en realidad es un síntoma de fallas sistémicas.
Sinaloa no necesita más estadísticas, sino un enfoque integral que ataque las raíces de la violencia. Esto implica reformar las instituciones policiales, fortalecer el marco jurídico, recuperar espacios públicos mediante campañas sociales y promover alternativas como el deporte para los jóvenes. Mientras las autoridades sigan atadas a los números, seguirán siendo rehenes de una realidad que no comprenden ni controlan. La verdadera medida del éxito no está en contar menos muertos, sino en construir una sociedad donde nadie tema ser el próximo número.
¿Usted qué opina, amable lector? ¿Le gustan los números para medir el éxito del combate a la violencia?
