Las deudas del culiacanazo

Viene el presidente Andrés Manuel López Obrador a Culiacán a presidir este miércoles la reunión del gabinete nacional de seguridad rodeado del éxito que implicó la detención del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez alias «El Marro», en Guanajuato, pero llega, en contraste, a una tierra donde el nombre de Ovidio Guzmán López es sinónimo de cuentas pendientes de su gobierno, a casi un año del operativo fallido del culiacanazo.

            Son dos deudas las que no ha saldado todavía el gobierno de López Obrador con motivo de esos trágicos hechos del 17 de octubre de 2019: la primera, el deslinde de responsabilidades ante los errores y las mentiras con las que se condujeron las autoridades; y la segunda y más grave, el abandono en el que se dejó a los familiares de las víctimas inocentes que murieron en las balaceras.

            Como suelen acostumbrar todos los gobiernos —no sólo el de AMLO― al apostarle a la corta memoria y al olvido de la gente, tras la crisis momentánea que significó el culiacanazo finalmente ya no pasó nada, ni Ovidio Guzmán fue capturado, ni ningún funcionario se responsabilizó del fracaso y de sus consecuencias mortales, ni los deudos recibieron ninguna indemnización del gobierno. El tiempo pasó y terminó por no pasar nada, como casi siempre ocurre. Bueno, lo único que sí pasó es que niños inocentes ya no tienen a sus padres, madres afligidas ya no tienen a sus hijos y esposas desamparadas ya no tienen a sus maridos.

            En la cadena de mentiras que trenzó el gobierno, desde decir que fue un enfrentamiento de pura casualidad hasta ocultar por varios meses que fue el mismo López Obrador quien ordenó liberar a Ovidio Guzmán, las versiones siempre confusas de las autoridades hablaron vagamente de 8 a 14 muertos, y de 21 heridos, entre los cuales se contabilizaban al menos a cuatro víctimas inocentes que nada tenían que ver y que murieron por el fuego cruzado, del que nunca se aclaró por pruebas de balística si fueron asesinados por los sicarios o por el bando de los militares y los policías.

            Las dudas sobre ese operativo prevalecen hasta la fecha, y la única certeza es que cuatro personas inocentes que sólo estaban trabajando en una carpintería y en un taller mecánico para mantener a sus familias, perdieron la vida por culpa de un operativo del gobierno mal diseñado y peor ejecutado.

            Más allá del discurso del presidente que se asumió como un humanista al evitar que más culiacanenses murieran ese día (lo que ciertamente se agradece), el problema es que son sólo palabras y no acciones lo que ha prevalecido a casi un año de los hechos. No ha habido ningún deslinde de responsabilidades, ni renuncias, ni sanciones por mentir, ni tampoco apoyo a los familiares de las víctimas.

            Los gastos funerarios de los trabajadores de la carpintería los costeó el propio patrón, y en el caso de los deudos todavía a un mes de los hechos ninguna autoridad se había acercado a ellos para ofrecerles apoyo. Además, el comisionado de Atención a Víctimas en Sinaloa, Óscar Fidel González, declaraba a finales de noviembre que no había recursos para indemnizar a los deudos, y que lo único que se había podido hacer era rembolsarles los gastos funerarios. Eso, indudablemente, es cualquier cosa menos humanismo.

            En inglés hay un término que se aplica a los gobiernos y que no tiene una traducción literal al español como otras palabras: accountability, que puede entenderse como responsabilidad por las acciones de gobierno o rendición de cuentas del gobernante.

            Solamente eso es lo que se le está pidiendo a Andrés Manuel López Obrador.

            Dialoguemos para conocer más, que el conocimiento nos hace libres.

Twitter: @marcocesarojeda

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