Los ciudadanos debemos ser suspicaces al observar el desempeño de los funcionarios públicos. Estar pendientes de lo que hacen y dejan de hacer, de sus cambios de estilo de vida, de sus gustos, de los bienes que presumen.
Todas las instancias fiscalizadoras, de gobierno o autónomas, también. Deben brindar certeza a los ciudadanos de que realizan su trabajo con apego estricto a la normatividad, acorde a sus atribuciones legales, y no en función de afanes vengativos o posturas ideológicas o partidistas.
Además, quienes son encargados de hacer justicia, es necesario actúen al margen de recomendaciones o presiones desde alguno de los poderes oficiales.
Quienes desde el servicio público incurran en cualquier situación irregular, deben de recibir el castigo correspondiente y resarcir los daños provocados al erario público.
La aplicación de la ley con todo rigor es primordial, porque ha sido la certeza de impunidad la que ha desinhibido la corrupción en el manejo de recursos públicos en todos los niveles.
Pero eso es lo que pretendemos como ciudadanos, el ideal al que pese a todo no debemos renunciar. Otra cosa es la realidad.
Durante los últimos días se ha generado un gran debate en el Congreso del Estado a raíz del análisis de las cuentas públicas de gobiernos municipales pasados.
Eso es bueno. Lo malo son las denuncias del manejo perverso de esa información en aras de sacarle ganancia política desvergonzadamente por algunos de los actores en la víspera de las elecciones de 2021.
Tampoco se quiere el trueque entre grupos legislativos cuando se aprobaba con todas sus irregularidades la cuenta de un municipio a cambio de hacer lo mismo con otras en igual o peores condiciones.
Pero quienes fiscalizan no deben ser ingenuos. Los corruptos son mañosos y para hacer lo que hacen buscan red de protección.
Se exige un mensaje de congruencia y certeza en el manejo del asunto de la fiscalización de las cuentas. No como una herramienta de venganza.
Es difícil que lo hagan. A inicios de este mes el diputado Mario Rafael González, a raíz de que fue señalado por la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal, de pretender influir en la adjudicación de un contrato para elaboración de uniformes, le advirtió que ya se acerca la revisión de la Cuenta Pública del 2019, la cual revisará de manera minuciosa y en caso de observar alguna anomalía, no va a dudar en presentar las denuncias correspondientes.
¿Había necesidad de eso? No, porque finalmente hacerlo es su obligación, independientemente de cualquier desencuentro con el ente público del que se trate. Por eso las dudas.
