La verdad sospechosa

El boletín emitido por la Comisión Estatal de los Derechos  Humanos de Sinaloa con la recomendación dirigida a los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y municipal señalando a policías de participar en “levantones” y a la Fiscalía General del Estado de no hacer las investigaciones en forma, en mucho se parece al título de la comedia moralista de Juan Ruiz de Alarcón, que se nos obligaba a leer en secundaria: “La verdad sospechosa”.

Solo en el título, porque a diferencia de la obra, que es una comedia, el asunto que aborda la comisión se trata de una tragedia.

Las aseveraciones que admite y publica la Comisión las vienen haciendo desde hace muchos años organismos de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa. Sus declaraciones han sido documentadas y su veracidad no se encuentra en duda.

Reconoce la propia CEDH en la recomendación emitida, que desde 2008 hasta junio del año pasado se detectaron serias omisiones y múltiples prácticas contrarias por parte de las autoridades competentes del Estado sinaloense, en la prevención, la atención de las familias y la investigación del delito o delitos cometidos.

También afirma que con esas “conductas tan graves por parte de los agentes del Estado, se pone en seria condición de vulnerabilidad a toda la población ante una autoridad que no respeta los límites del poder y que, en lugar de garantizar los derechos, los afecta de la peor manera”.

Lo sospechoso es el ominoso silencio que había guardado el organismo defensor de los derechos humanos por tantos años, pese al enérgico reclamo ciudadano sobre múltiples hechos documentados que mostraban irrefutablemente ese tipo de prácticas.

Dice el boletín que “El Estado sinaloense debe garantizar a su población seguridad, certeza jurídica, hacerle saber que si bien son agentes del propio Estado quienes perpetran la desaparición forzada de personas, no todos los servidores públicos están involucrados ni están de acuerdo con tales actos”.

¿Acaso no es eso algo que le vienen planteando desde hace años las familias de las víctimas y diversas organizaciones de la sociedad?

Sobre la actuación de la FGE apunta el documento que ha sido “una constante el percatarnos que la investigación se basa solamente en requerir información a distintas autoridades, enviando y recibiendo oficios, sin mayor actividad al respecto, esto es, las investigaciones son de escritorio y pocas veces se amplían con investigación empírica y de campo”.

También eso se viene denunciando desde hace años. Lo que dice la Comisión en la recomendación es verdad, lo sospechoso es el reprobable silencio que mantuvo por tanto años. ¿Por qué en este momento, qué hay detrás de todo esto?

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