La población económicamente más vulnerable en Sinaloa se encuentra en mayor riesgo ante la emergencia sanitaria. Estamos hablando de más de 900 mil sinaloenses que requieren con urgencia atención de los tres órdenes de gobierno para sobrevivir en elementales condiciones de dignidad ante la grave circunstancia.
De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 947 mil personas, el 30.9 porciento del total de la población sinaloense, vive en condiciones de pobreza, de las cuales 843 mil, 27.5 porciento, se clasifican en situación de pobreza moderada y 83 mil, el 2.7 porciento, en pobreza extrema.
Además 403 mil individuos no tienen acceso a la salud y 1 millón 392 mil sinaloenses no están afiliados algún sistema de seguridad social. En la crisis esas carencias toman mayor relevancia. En la evaluación correspondiente a 2018 únicamente el 28.1 porciento de la población, algo así como 870 mil sinaloenses, se ubican como “no pobres, no vulnerables”.
Cierto que las frías estadísticas muestran que Sinaloa está por encima por encima de la media nacional en ese sentido, que muchos estados tienen índices más negativos, pero es necesario buscar los mecanismos para proveer de ayuda inmediata y suficiente a ese segmento poblacional tan desprotegido.
Estamos hablando de que más de una tercera parte de los sinaloenses si no trabaja hoy no come hoy.
Además de que por las consecuencias propias de la emergencia la ocupación ha disminuido y por ello no tienen un ingreso para satisfacer las necesidades básicas de una familia, ¿cómo pedirles a esos miles hombres y mujeres que acaten las disposiciones de las autoridades de quedarse en casa?
Jornaleros, empleados diversos, albañiles, plomeros, meseros, músicos y toda clase de modestos prestadores de servicios, además de pequeños comerciantes, viven al día. Si no trabajan, no tienen con qué comer.
La urgencia es llevarles cuando menos el satisfactor básico que es la alimentación, además de planear las acciones pertinentes para reactivar la economía de pequeñas y medianas empresas para que al darse las condiciones sanitarias adecuadas puedan operar y otorgar empleo de nuevo.
El gobierno sabe dónde están y quienes son esas familias que requieren de apoyo inmediato.
Cierto que se han tenido loables acciones de empresarios y organizaciones sociales para llevar un poco de alivio a las necesidades de esos pobres, pero lo que se necesita es el apoyo oficial, sistematizado, claro y transparente de las autoridades.
Si las cosas no se hacen bien, estos pobres van a salir a buscar la vida, y ante la pandemia pueden encontrarse la muerte y llevarla hasta su casa.
Y esta emergencia de llevar ayuda tampoco puede esperar.
