Existe una perversa ingeniería del escándalo que ha sido elevada a categoría de arte de Estado por la actual administración federal. No se trata de una estrategia moderna, ni sofisticada, ni mucho menos brillante; es, en el fondo, una táctica obvia, burda, elemental y profundamente despreciable. Sin embargo, frente a una ciudadanía exhausta y una conversación pública atomizada, esta vieja receta maquiavélica sigue funcionando con una precisión espeluznante e impecable. Hablamos de la célebre “Caja China” conjugada con la gestión de crisis por acumulación metódica: esa capacidad casi clínica de sofocar una llamarada incendiaria lanzando encima una bomba de humo aún más escandalosa, o de saturar el ecosistema informativo con tal volumen de turbulencias paralelas que la capacidad de indignación colectiva colapsa por puro atropellamiento.
El mecanismo opera bajo la premisa de que la memoria pública en la era digital no posee la firmeza del granito, sino la volatilidad del agua. Si un hecho amenaza con horadar la narrativa oficial o comprometer a figuras aliadas, la respuesta del régimen nunca es la rendición de cuentas, la transparencia o la asunción de responsabilidades. La respuesta es el estruendo provocado. Se abre una caja dentro de otra caja; se saca un chivo expiatorio, se desempolva un juicio mediático, se efectúa un operativo vistoso o se fabrica un señalamiento estridente para que los titulares cambien de dirección de la noche a la mañana. La opinión pública, cual enjambre aturdido por la incesante estimulación, abandona el agravio de ayer para abalanzarse sobre el morbo de hoy. El escándalo no se resuelve: simplemente se sepulta bajo el peso de un nuevo escándalo.
El ejemplo más descarado y sintomático de esta dinámica lo vivimos con la encrucijada política en Baja California. Cuando la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila se encontraba acorralada en las cuerdas de la opinión pública, salpicada por los delicadísimos señalamientos sobre su visa estadounidense y audios filtrados que apuntaban a investigaciones del FBI, el cerco mediático parecía sofocante. La crisis amenazaba con abrir una grieta irreparable en la retórica del régimen. Sin embargo, en un movimiento ensayado hasta la náusea, la máquina federal activó su resorte favorito: la milagrosa y oportuna detención del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel.
De la noche a la mañana, el aparato judicial desempolva un expediente contra una figura histórica de la oposición para colocarlo en el centro del juzgado nacional. El golpe mediático fue fulminante y quirúrgico. No se trataba de discutir la investigación contra el exmandatario opositor, sino de apreciar el cálculo del timing político: la captura del viejo símbolo panista funcionó como la cortina de humo perfecta. Las exigencias de explicaciones sobre los audios y la situación migratoria de Marina del Pilar no se respondieron, no se aclararon ni se profundizaron ante la ciudadanía; sencillamente se diluyeron en el aire, volatilizadas por el morbo de ver a un exgobernador opositor frente a las cámaras. En cuestión de días, la crisis de la gobernadora morenista quedó sepultada bajo la maraña informativa. El régimen demostró nuevamente que le basta con administrar el empacho y el ruido mediático para salir airoso de cualquier turbulencia.
El ámbito local y empresarial no está exento de ser utilizado en este tablero de distracciones y ajusticiamientos narrativos a conveniencia. Observemos con detenimiento lo ocurrido recientemente con Martha Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa, y el insólito episodio donde un cargamento de droga fue localizado portando el sello o la marca de su empresa. Quien conozca mínimamente la operativa del crimen organizado y la logística del decomiso sabe perfectamente que, al año, las fuerzas federales y de seguridad realizan cientos de incautaciones de sustancias ilícitas transportadas en empaques que llevan clonadas o superpuestas marcas comerciales de todo tipo, desde harineras y refresqueras hasta productos agrícolas de exportación.
Sin embargo, en la abrumadora mayoría de esos cientos de casos, las autoridades guardan un celoso y respetuoso anonimato sobre las marcas afectadas para no dinamitar la reputación de empresas legítimas que son utilizadas por la delincuencia sin su consentimiento como meros vehículos de transporte. Se protege el nombre de la firma comercial porque se entiende la dinámica de la clonación logística. ¿Por qué entonces en el caso de la líder de Coparmex en Sinaloa se optó por la filtración inmediata, el señalamiento público y la exhibición con lupa mediática? La respuesta no está en la efectividad policiaca, sino en la oportunidad narrativa y en el uso perverso del estigma como herramienta de control o distracción selectiva.
Exhibir de esa forma a una figura crítica o a un sector incómodo cumple un doble propósito ruin para el régimen. Por un lado, se utiliza la selectividad mediática como un garrote de amedrentamiento político, enviando un mensaje disuasivo a las voces organizadas de la sociedad civil. Por el otro, se genera un plato suculento para alimentar la hoguera de la conversación pública, creando una narrativa paralela que desvía la atención de los fallos sistémicos de seguridad que aquejan diariamente a la región. Se expone la marca no para combatir al narcotráfico con rigor, sino para golpear el prestigio de la dirigente y sembrar la duda razonable en una sociedad acostumbrada a juzgar por la superficie.
Esta es la tragedia del México contemporáneo: nos gobierna una maquiavélica maquinaria de propaganda que ha descubierto que la verdad importa mucho menos que la velocidad con la que se cambia de tema. La acumulación de crisis no es un síntoma de ineficiencia gubernamental; es, paradójicamente, su escudo protector más eficaz. Al atropellar un tema con otro, el régimen extingue la capacidad de la ciudadanía para exigir cuentas, convirtiendo el debate público en una carrera de obstáculos donde nadie llega a la meta porque la pista cambia de rumbo cada veinticuatro horas.
Aceptar pasivamente este juego ruin es condenarnos a ser simples espectadores de nuestra propia manipulación. Mientras sigamos mordiendo cada anzuelo que nos arrojan desde los palacios de poder y olvidando las crisis de ayer a cambio del morbo de hoy, la caja china seguirá abriéndose de manera impecable. Es hora de detener el vértigo, exigir el seguimiento de los escándalos archivados y recordar que la impunidad no desaparece solo porque la agenda pública decida mirar hacia otro lado.
¿Usted qué opina, amable lector? ¿Ya le entró a la caja china?
