Mtro. Jesús Rojas Rivera
Los límites entre la inteligencia gubernamental y el espionaje son muy delgados. Todos los gobiernos necesitan información para tomar decisiones oportunas respecto a posibles amenazas contra la seguridad de la población y el propio gobierno. Pero debemos tener muy claras las diferencias entre los insumos informativos que permiten a los tomadores de decisión estar enterados de los riesgos y las amenazas para actuar oportunamente en consecuencia, y el uso de la información obtenida para la persecución política de opositores, la difamación de adversarios o la presión a líderes sociales o de opinión con fines de control político.
Todos los países del mundo espían bajo el pretexto de salvaguardar la seguridad nacional. El Doctor José Manuel Ugarte, experto en derecho administrativo y administración pública por la Universidad de Buenos Aires, sostiene que en América Latina desde la guerra fría la actividad de inteligencia de los gobierno ha tenido una evolución que se enmarca en un proceso de “institucionalización”, es decir, que regula la práctica dejando claros los motivos, alcances y límites en marcos normativos, reduciendo la discrecionalidad y el uso inadecuado de la información obtenida.
Para eso, lo primero es regular la acción de los agentes gubernamentales dejando claro los límites de la información que el gobierno puede indagar, la custodia de la información y los criterios de publicidad de la misma. Cosa que en el marco normativo en México difícilmente sucede, ni en la administración pública federal y menos en los gobiernos locales.
¿El Estado es el legítimo espía? Lo es, tal como es el legítimo poseedor de la violencia, el depositario de la seguridad de todos, el ente que da cumplimiento a las leyes que rigen la vida social. Pero el tema en la discusión democrática está en los límites y el control que la propia ley debe establecer con rigurosidad.
En ese sentido, no debe existir límite en la obtención de la información pública de los actores públicos o privados; en sus declaraciones, posturas, posicionamientos, opiniones y seguimiento en actos abiertos y públicos. Y con ello, hacer lo necesario en los diferentes ejercicios prospectivos y de análisis – de datos, de discursos, mapas de afinidad etc-.
Después viene un segundo nivel, cuando por cuestiones de seguridad, las agencias de inteligencia deben investigar en la vida privada de las personas vinculadas a grupos terroristas o criminales que sean una amenaza contra la seguridad del Estado y sus ciudadanos. Esto por supuesto excluye toda persecución política o ideológica, de partidos, organismos gremiales, sindicatos, medios de comunicación o grupos sociales que se rijan dentro del marco legal.
Meritorio es que en Sinaloa se hable de este tema que se mantuvo oculto por varias décadas. Todos sabíamos que el gobierno “espiaba”, pero nunca supimos que tan bien lo hacían, que datos conseguía y a quien le favorecía la información.
La decisión de finiquitar los contratos de 44 servidores públicos dedicados -a dicho de parte- al “espionaje”, será exitosa o no, en medida que nuestra entidad transite a consolidar un modelo legal y transparente para obtener información a través de los mecanismos institucionales de inteligencia. Garantizándolo de fondo, incuestionablemente será un gran paso para los actores que comienzan el sexenio hablando de algo tan complejo pero vital como lo es, la gobernabilidad democrática. Luego le seguimos…
