En el contexto global actual, la inteligencia artificial está presente en las administraciones públicas de más de 60 países y representa una realidad bajo la cual interactúan los gobiernos, la sociedad y el mundo.
Las transformaciones digitales representan también desafíos para recuperar la confianza ciudadana en los Estados y las administraciones públicas. A finales de 2025, solo el 32% de las ciudadanas y los ciudadanos confían en las administraciones públicas, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La base fundamental de todas las administraciones públicas es responder a la pregunta: ¿cómo crear valor público? En ese sentido, la inteligencia artificial aparece como una herramienta para reconstruir la confianza en las administraciones y en el sector público.
La OCDE define un sistema de inteligencia artificial como un conjunto de máquinas capaces de hacer recomendaciones, generar resultados y realizar predicciones para alcanzar determinados objetivos. Se trata, pues, de utilizar los datos almacenados para proponer opciones con base en resultados.
En resumen, un sistema de IA está conformado por máquinas capaces de identificar patrones de comportamiento y ayudar a cumplir determinados objetivos, así como apoyar la toma de decisiones que anteriormente realizaban únicamente los seres humanos.
La inteligencia artificial integra diversas disciplinas, entre ellas la psicología cognitiva, las matemáticas, la neurociencia, la lógica, la informática, el razonamiento automático y el aprendizaje automático, y utiliza algoritmos desarrollados por personas, los cuales pueden incorporar sesgos que afecten los derechos de la ciudadanía. Cuando se habla de algoritmos, se hace referencia a un conjunto de instrucciones que permiten resolver problemas o realizar tareas, desde acciones sencillas, como recordatorios, hasta procesos mucho más complejos.
La inteligencia artificial funciona gracias a los datos y requiere infraestructura tecnológica de alto rendimiento y redes de alta velocidad. En el caso de la IA, resulta fundamental el uso del big data, que permite almacenar grandes cantidades y volúmenes de datos. Junto con su capacidad de procesamiento, esto impulsa el desarrollo de la inteligencia artificial. Para ello, los datos deben ser de calidad, ya que la calidad de las decisiones depende directamente de la calidad de la información disponible.
Uno de los desafíos más complejos para las administraciones públicas consiste en garantizar que los datos sean de calidad, evitando información incompleta, mal estructurada, duplicada o inexacta.
De ahí que la inteligencia artificial haya diversificado sus procesos y se haya expandido hacia otras disciplinas, como la IA generativa, el machine learning (aprendizaje automático), el procesamiento del lenguaje natural y la visión artificial.
El corazón de la Inteligencia Artificial funciona con base en el aprendizaje automático (machine learning), ya que permite aprender a partir de los datos e identificar diferentes patrones. Otra de las tecnologías fundamentales es el aprendizaje profundo (deep learning), el cual se basa en redes neuronales artificiales inspiradas en las redes neuronales biológicas. Esta tecnología permite desarrollar aplicaciones como la visión por computadora, el reconocimiento de voz y la traducción automática. Funciona mediante grandes volúmenes de datos y algoritmos complejos. Un ejemplo de su aplicación son los vehículos autónomos, que operan mediante técnicas de deep learning.
Mientras la inteligencia artificial transforma las administraciones públicas y continúa perfeccionándose día con día, el principal desafío sigue siendo la protección del ser humano, particularmente de la información y los datos almacenados en sistemas de IA que contienen información de las y los ciudadanos.
Las preguntas fundamentales son: ¿están las administraciones públicas priorizando el respeto a los derechos humanos y la privacidad en la era de la inteligencia artificial? O bien, ¿están utilizando los gobiernos únicamente el almacenamiento de datos en beneficio de las propias administraciones?
Sin una estrategia digital clara de protección ciudadana, se corre el riesgo de almacenar información sin un beneficio real para la sociedad. La era de la inteligencia artificial apenas comienza.
