En el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, la inteligencia artificial (IA) se destaca como una de las tecnologías más disruptivas, permitiendo la realización rápida y eficaz de procesos y procedimientos.
A nivel internacional, se necesita una acción coordinada para abordar los desafíos comunes que plantea la IA, dado que las normas existentes no son suficientes para regular estos entornos.
En los Poderes Judiciales de Latinoamérica no hay suficiente recurso humano capacitado en IA, y se estima que un 39 por ciento de los empleos pueden automatizarse. Es crucial preparar al personal en el uso de tecnología en el corto y mediano plazo, fomentando la inclusión social.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la IA tendrá un impacto significativo en el mercado laboral latinoamericano, como en el caso de la agricultura, donde el uso de reconocimiento de imágenes puede mejorar la precisión en un 30 por ciento.
En el ámbito de la salud, los diagnósticos tienen una tasa de acierto del 96 por ciento, al igual que en casos judiciales. En países como Argentina, la app PROMETEA utilizada por la fiscalía general ha reducido significativamente los tiempos de lectura y análisis de expedientes, de 250 días a 4 horas.
Por otro lado, el sistema PRETORIA en Colombia ha contribuido a agilizar la resolución de expedientes en la Corte, aumentando la tasa de aciertos.
Sin embargo, es importante recordar que la IA no puede sustituir la voluntad humana y se debe garantizar la transparencia en los algoritmos y la claridad de los resultados para proteger los derechos fundamentales de las personas.
En conclusión y retomando al Profesor Sebastián Carlos Chumbita, los sistemas de inteligencia artificial en los poderes judiciales representan la oportunidad de reducir tiempos y costos, pero también graves riesgos.
Es crucial que se regule su aplicación, se establezcan límites éticos y se garantice el debido proceso y la justicia para todos.
Fuentes:
