Hay realidades en Sinaloa que se gritan en silencio hasta que los balazos las vuelven imposibles de ignorar. Una de ellas, acaso la más sintomática del colapso institucional que padecemos, es el Centro de Penitenciaría de Aguaruto, en Culiacán. No es un secreto para nadie: ese penal no es un centro de reinserción social; es, desde hace años, una sucursal del autogobierno, una bomba de tiempo con la mecha cada vez más corta y un monumento a la impotencia de las autoridades locales.
Para entender la magnitud del desastre, no hace falta especular, basta con revisar la cronología del horror. La historia reciente de Aguaruto quedó marcada a fuego aquel fatídico 17 de octubre de 2019. El primer “Culiacanazo” no solo sometió a la ciudad, sino que abrió de par en par las puertas de este penal. En medio del caos que paralizó a la capital, más de 50 reos se fugaron a plena luz del día, algunos de ellos desarmando a los guardias con una facilidad pasmosa. Ese día quedó claro quién manda realmente tras esos muros.
Desde entonces, el goteo de violencia, sangre y lujos no ha parado. Lo que se vive adentro es de terror. El penal de Aguaruto se ha convertido en un territorio sin ley donde la única constante es el peligro. Si hacemos cuentas de lo que ocurre intramuros, los datos deberían avergonzar a cualquier gobierno.
Los enfrentamientos constantes no son hechos aislados. Son el resultado de la disputa por el control de los módulos. Decenas de reos han perdido la vida en supuestas “riñas” que más bien parecen ejecuciones internas, muchas de ellas perpetradas con total impunidad.
¿Cómo es posible que en un centro de “máxima seguridad” local se decomisen de forma constante armas de fuego de grueso calibre, miles de cartuchos útiles y hasta granadas? La respuesta es la corrupción endémica, salarios paupérrimos de los custodios y la fallida capacitación de los trabajadores penitenciarios. Las revisiones van y vienen, se anuncian con bombo y platillo el decomiso de cientos de teléfonos celulares, pero a los pocos días, las señales siguen activas. Desde Aguaruto se sigue extorsionando, se siguen coordinando delitos y se sigue operando con total comodidad. Las celdas de lujo, con aire acondicionado, pantallas y hasta fosa para peleas de gallos detectadas en su momento, son el reflejo de que el dinero dobla cualquier cerradura.
La inestabilidad es tal que las cabezas en la dirección del penal duran lo que un suspiro. En los últimos años, una pasarela de directores —más de media docena— han sido removidos, han renunciado por amenazas o, peor aún, han salido por la puerta trasera bajo sospechas fundadas de complicidad. Cambian los nombres en el escritorio, pero las mañas y el control criminal permanecen intactos.
Hay que decirlo con todas sus letras y sin rodeos: las autoridades locales no están en condiciones de administrar el penal de Aguaruto. No tienen la fuerza económica, ni la capacidad táctica, ni el blindaje contra la corrupción que un monstruo de este tamaño requiere. Mantener este reclusorio bajo la tutela estatal es prolongar una farsa que nos cuesta vidas a los sinaloenses.
La solución no va a llegar con otro cambio de director ni con más parches presupuestales. La realidad nos topa de frente. Lo verdaderamente sensato, lo que urge antes de que ocurra otra tragedia mayúscula, es que la Federación tome las riendas de manera definitiva.
Aguaruto necesita ser administrado por el sistema federal, con personal completamente ajeno a las dinámicas locales, con tecnología de punta y bajo las reglas de un penal de máxima seguridad. Solo así se podrá romper el cordón umbilical que une a la delincuencia organizada con el interior de las celdas.
Al gobierno del estado le quedó grande el paquete. Dejar el penal en manos locales es seguir jugando a la ruleta rusa con un arma cargada. ¿Van a esperar a que ocurra otro colapso masivo para reaccionar, o van a tener la madurez política de admitir que no pueden y entregar el penal a la Federación? .
¿Usted qué opina, amable lector? ¿El estado debe de seguir administrando el penal o es momento de pasar la estafeta a la federación?
