La era tecnológica ha revolucionado las formas de interacción y las relaciones sociales, no solo entre las personas, sino también entre las instituciones públicas y privadas. La incorporación de sistemas automatizados para optimizar procesos ha permitido mejorar los tiempos de ejecución de las tareas cotidianas en diversos ámbitos.
Sin embargo, dentro de las administraciones públicas existen singularidades y aspectos relevantes que deben ser considerados, atendiendo a su naturaleza y a las condiciones políticas, sociales, administrativas, culturales y legales que las caracterizan.
Actualmente, se observa una coordinación y colaboración entre países orientada a la implementación de mejores prácticas sostenibles en el tiempo, apoyadas en el uso de sistemas automatizados.
En la columna anterior se abordó la importancia de proteger los datos que las administraciones públicas recaban a través de diversas herramientas tecnológicas. En esta ocasión, el objetivo es dar a conocer los principales lineamientos y directrices que han sido acordados por países iberoamericanos para respetar la soberanía, y, al mismo tiempo, fortalecer la colaboración internacional.
Calidad y seguridad de los datos
En la Carta Iberoamericana para la Medición y Análisis de Datos en la Administración pública se establecen los principios fundamentales que buscan orientar a los países. El primero de ellos es el principio de calidad e integridad de los datos.
La relevancia de este principio radica en que hoy en día los datos provienen principalmente de sistemas digitales derivados de operaciones, acciones o transacciones gubernamentales. Ejemplo de ello son las encuestas aplicadas a personas servidoras públicas, empresas, ciudadanas y ciudadanos, amas de casa, entre otros grupos.
Por tanto, la calidad de los datos recabados es prioritaria para que estos sirvan como guía y sustento en la toma de decisiones dentro de las administraciones públicas. Una característica fundamental es que los datos sean transparentes, cuenten con códigos documentados, puedan ser reutilizados y se adapten a nuevos contextos. Asimismo, es indispensable especificar el uso de dichos datos, ya sea para fines de análisis o para operaciones gubernamentales.
El principio de seguridad de los datos señala que los sistemas automatizados utilizados para la medición en las administraciones públicas deben contar con mecanismos de protección frente a accesos no autorizados y posibles manipulaciones. Es fundamental garantizar que estos sistemas no sean vulnerables ni susceptibles de alteración de su información. En este sentido, se aborda la ciberseguridad tanto desde una perspectiva técnica como legal, mediante la creación de normas y marcos de seguridad que protejan el intercambio y el uso de los datos conforme al marco jurídico vigente en cada Estado.
Ética y decisiones basadas en datos
El principio de privacidad, ética y protección de datos personales es uno de los más relevantes en la era digital. Este principio se centra en el papel que desempeñan los protocolos de acceso y los marcos legales en el uso de datos personales, así como en la adopción de mejores prácticas internacionales para proteger la identidad y la información personal. El objetivo es que los beneficios del uso de los datos superen los riesgos para la privacidad. En la administración pública debe priorizarse la protección de la privacidad de las personas trabajadoras, equilibrándola con los beneficios que el análisis de datos puede aportar en términos de innovación y productividad.
El principio de transparencia de los resultados de la medición reconoce que, en ciertos casos, la Administración pública no puede hacer públicos los resultados de las mediciones debido a la obligación de respetar el derecho a la privacidad de funcionarias y funcionarios, así como de la ciudadanía. No obstante, cuando las condiciones lo permiten, los resultados deben estar disponibles para la sociedad con el fin de fortalecer la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las administraciones públicas.
Finalmente, el principio de toma de decisiones informada por datos subraya que la interpretación de la información requiere habilidades específicas y una adecuada comprensión de los datos en cada etapa del proceso de toma de decisiones. Esto confirma que el uso informado de los datos implica que las discusiones y decisiones se sustenten en información confiable, con el propósito de mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas y el desempeño de las personas servidoras públicas, entre otros actores.
Estos principios constituyen una guía esencial para las administraciones comprometidas con el uso responsable de los datos y sus procesos de medición. La profesionalización de las administraciones públicas es clave para garantizar que las políticas se mantengan bajo premisas fundamentales como el respeto a los derechos humanos, la ética, la protección de datos personales, la transparencia y la seguridad, junto con un trabajo colaborativo entre administraciones públicas, empresas privadas, organizaciones, instituciones educativas y la sociedad en general. Es una tarea que apenas comienza…
