Golpe a la transparencia

El gobierno municipal de Guasave tomó la controvertida decisión de mantener bajo reserva y confidencialidad toda la información relacionada con la empresa K-Patners, a quien se le están rentando carros recolectores de basura y a la que se le extendió en automático el contrato original.

Supuestamente la decisión encaja en alguno de los motivos para ello contemplados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero por el carácter de esa relación, en la que se contempla uso de recursos públicos, la clasificación no parece estar debidamente sustentada, o cuando menos si lo está no se ha explicado con claridad a qué está sujetada.

No se entiende el motivo por el que se haya tomado una decisión tan delicada si nada hay que esconder de la relación, ni que un gobierno progresista como se ha definido el de la presidenta Aurelia Leal López, haga a un lado el compromiso al que ella misma dijo privilegiaría en relaciones de este tipo.

Y no se entiende, tampoco, cómo es que el tesorero municipal, Joel Quintero Castañeda, se desgañita defendiendo esta opacidad en el contrato al grado de hacer señalamientos contra periodistas y toda aquella persona que se pronuncie por conocer a detalle el texto del contrato del gobierno municipal con la empresa arrendadora de los camiones recolectores de basura.

Fuera de sí, durante una conferencia para ofrecer información sobre el problema de recolección de la basura, el tesorero arremetió contra quienes han cuestionada la cláusula de confidencialidad a la que se remiten en el gobierno municipal para negar la publicación del contrato.

Ahí, de manera por demás arrogante el tesorero sin empacho y prueba alguna acusó que “los que objetan y cuestionan las acciones de esta administración de manera tácita, se ponen en el campo de la defensa de PASA”.

Con toda comodidad, sin más argumentos, pretende descalificar el legítimo interés de los medios de comunicación por conocer por menores de lo establecido en un contrato tan controvertido, donde están utilizándose millones de pesos de recursos públicos y nos coloca como cómplices de la otra parte.

“¿Pero a quiénes se refiere?”, le cuestionó la reportera Martha Liliana Castro de Línea Directa, a lo que el tesorero respondió: “Lo dejo abierto. “A quien le quede el saquito que se lo ponga, así”.

Pues así, como el argumento de mayor peso para descalificar a quienes buscan la información. O sea que para el tesorero de Aurelia Leal quienes cuestionan las acciones del gobierno responden a intereses de una empresa, y que por eso piden más información sobre la cuestionada relación.

En un recuento de los posibles causales por la que una relación de este tipo puede enmarcarse como reservada o bajo confidencialidad una información de esta naturaleza, no parece ajustarse a ninguno de los puntos que contempla la citada ley.

Pero si hay un motivo convincente, nada pasaría si las autoridades municipales, empezando con el propio Tesorero Municipal, lo expusieran y colocaran sobre la mesa para que la sociedad y los medios los evaluaran y sacaran sus propias conclusiones.

Porque si el tesorero sospecha de los medios porque cuestionan algo tan elemental en el manejo de recursos públicos, los medios están en todo su derecho de sospechar que por la forma tan estridente y grosera como lo hace, bien podría tener él mismo intereses propios y que le conviene permanezcan ocultos en este asunto de la renta de camiones recolectores de basura. Digo.

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