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Gobiernos delincuentes (I)

Culiacán del caos vial, los retenes, baches y topes, Sinaloa, 21 de enero 2019. Según aclaró recientemente la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) las inspecciones policiacas sin orden judicial o ministerial “no implica...

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Culiacán del caos vial, los retenes, baches y topes, Sinaloa, 21 de enero 2019. Según aclaró recientemente la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) las inspecciones policiacas sin orden judicial o ministerial “no implica que los oficiales puedan inspeccionar a personas y vehículos a su arbitrio”, que es lo que viene sucediendo desde tiempo ha.

Hay que decir, de entrada, que tales inspecciones, sin orden judicial, son de suyo ilegales y violatorias de la Constitución, por más que la Corte las vista de “legalizadas”.

En el rejuego legaloide, agrega la tal Corte que el proceder a su arbitrio de las policías, deteniendo a troche y moche sin causa justificada, es una conducta que está prohibida.

Las revisiones sólo se pueden hacer (aunque sin orden judicial continuarían siendo ilegales, Constitución dixit) “sí y sólo sí, se encuentra (la persona y/o vehículo en revisión) ya en el marco de una investigación criminal”.

Para que eso suceda tiene que haber una denuncia de hechos, formal, ante el Ministerio Público o la policía, o tratarse de una falta en flagrancia.

INSPECCIONES “ILEGALES Y ARBITRARIAS”

Aun así, la inspección (a personas y/o vehículos y casas) se puede hacer sólo si se tiene una sospecha razonable de que la persona en cuestión “coincide con las características denunciadas” y comete un delito que en ese momento no es evidente, como la portación de armas prohibidas o la posesión de narcóticos prohibidos.

El segundo caso, en obvio, es cuando se denuncia la comisión de un delito y tanto la policía como el Ministerio Público inician una investigación.

Si no se cumplen esas condiciones, la revisión de personas y/o vehículos o casas, es ilegal y, por tanto, quienes hacen esa inspección están violando la ley y, en estricto, se convierten en delincuentes.

“Cualquier inspección que se practique fuera de estos parámetros será ilegal y arbitraria”, precisó la SCJN.

REBASAN SUS FACULTADES LEGALES

Es el caso de los agentes de cualquier corporación, incluidos la Marina y el Ejército, así como sus jefes, que detienen a su antojo en “retenes” o porque les dio su gana, a ciudadanos, sin orden judicial y sin flagrancia de por medio.

La Corte también establece que, en el transcurso de una investigación, y sólo si se encuadra en los casos antes señalados, los agentes “podrán inicialmente aproximarse al individuo para identificarse ante él e iniciar una entrevista, y al verificar que se encuentra involucrado en los delitos antes denunciados, podrá practicar una inspección”.

A los conductores de vehículos sólo se les puede ordenar que se detengan únicamente si cometió una evidente infracción de tránsito, desde pasarse un alto, por ejemplo, por lo que se le puede imponer una multa, pero “en ningún caso el agente está facultado para realizar una inspección al automóvil o sus pasajeros”.

Y LA REALIDAD SE IMPONE

La Corte introduce también otra salvedad en este caso (violatoria de la Constitución, como ya hemos dicho) autorizando la inspección si, en el momento de aplicar la multa al conductor, “el agente observa o aprecia hechos o circunstancias que lo hagan suponer que en ese momento se comete un delito”.

Eso puede suceder cuando el agente ve que, en el interior del vehículo, de manera evidente, hay “armas y granadas o paquetes de droga o si escucha ruidos poco normales provenientes de la cajuela del coche que hagan suponer que se está cometiendo un delito (por ejemplo, secuestro)”.

Pero las disposiciones de la Corte son cosa de risa ante lo que realmente viene sucediendo en el país, mientras la cacareada “cuarta transformación” no atiende la sistemática violación de las garantías y derechos constitucionales.

Bastaría una simple orden directa para corregir esos desmanes. (Sobre el tema seguiré en mi siguiente columna).

EN EL TINTERO

-Toda desgracia es de lamentar y lo que pasó en Tlahuelilpan nos debe poner a pensar a todos los mexicanos. El cambio somos todos o no hay cambio. La lucha contra la corrupción y sus bases sistémicas es responsabilidad de todos. Tiempo de entenderlo.

-No son por simple chochez los desfiguros de Muñoz Ledo, el que robó la gubernatura de Nayarit a Alejandro Gascón Mercado, por órdenes de Luis Echeverría, y que ahora está arropado por AMLO. Es la condición humana, diría Balzac.

-Con la reasignación de poco más de 800 millones de pesos del presupuesto 2019 para Sinaloa, quien gana políticamente es el gobernador Quirino Ordaz. Que la derrama beneficie efectivamente a sectores marginados, es lo deseable en todo caso y que el congresito entienda, si posible es, que se tiene que preparar y estar a la altura de su elevada responsabilidad. Esperemos.

-El apunte, también en “Vértice de Sinaloa” (verticedesinaloa.net); Línea Directa (https://www.lineadirectaportal.com); Didáktica (http://www.didaktica.com); Sitio Telles (http://www.jorgeluistelles.com) y en “Voces del Periodista”, revista del club de periodistas de México (vocesdelperiodista.com.mx). ([email protected]).

Fuente: Internet

Fotografía de perfil de Jorge Guillermo Cano

Jorge Guillermo Cano

Columnista

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