El pasado martes 7 de abril, el Senado de la República aprobó la Ley para el Fomento a la Inversión en Infraestructura, la cual, permitirá utilizar el ahorro de los trabajadores para el retiro, los recursos de las Afores, para financiar proyectos de infraestructura pública. Con esta nueva Ley, el gobierno podría acceder hasta el 30 por ciento de estos fondos pensionarios.
Las Afores se crearon en México bajo los denostados gobiernos neoliberales. Con el presidente Ernesto Zedillo, mediante una reforma a la ley del IMSSS, en 1997 se crearon estas cuentas individuales para el retiro de los trabajadores y desde entonces son administradas por entidades financieras privadas. Posteriormente, con la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, implementada por el Presidente Felipe Calderón, también se transformó su sistema de pensiones, sustituyendo el régimen solidario para dar paso a las cuentas individuales.
En nuestro país actualmente operan 10 Afores, las cuales administran 8.6 billones de pesos. Estos son activos financieros de una enorme cuantía que equivalen al 24 por ciento del PIB y representan los ahorros para garantizar las pensiones de 73 millones de trabajadores mexicanos. A la fecha, el 7.5 por ciento de estos recursos ya se están invirtiendo en infraestructura, aproximadamente 650 mil millones de pesos.
¿Cuáles son las razones de fondo, los motivos que podrían explican el por qué el gobierno de México ahora recurrirá, con una mayor determinación, al dinero de las Afores?
El problema de fondo es que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ya no cuenta con el margen presupuestal requerido para financiar la inversión pública, la cual ha caído a niveles no vistos desde el 2009.
Como país enfrentamos una coyuntura económica realmente complicada.
En 2025 la inversión pública disminuyó un 30 por ciento con relación al año precedente. Hoy en día, la inversión privada acumula 16 meses de caída consecutiva. Por esta causa nuestra economía no crece y no genera suficiente empleo formal. En los últimos 7 años, la tasa de crecimiento promedio del PIB fue del 0.8 por ciento, ubicándose entre las más bajas en América Latina.
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En este difícil contexto, el gobierno de la presidenta Sheinbaum tampoco tiene la posibilidad de seguir contratando mayor deuda pública.
Desde el 2018 la deuda pública ha estado creciendo a un ritmo que ya se estima insostenible. Cuando concluyó la gestión del presidente Enrique Peña Nieto sumaba 10 billones de pesos. Este 2026 llegará a los 18 billones de pesos y para el próximo año se anticipa que subirá a los 20 billones.
El crecimiento de los exitosos programas sociales del Bienestar, que este 2026 ya tienen un presupuesto de 1 billón de pesos, también ha reducido el margen de maniobra para invertir en obra pública.
Habrá que tener el mayor cuidado con las decisiones políticas que ahora se están tomando.
Por si mismas, las Afores de los trabajadores formales del sector privado y de gobierno, tras 20 y 30 años de maduración, todavía no garantizan pensiones dignas para el retiro. Aquí se tiene una verdadera bomba de tiempo que pronto nos podría explotar.
Desde hace varias décadas, en los países desarrollados los fondos de pensiones privadas se han utilizado exitosamente para financiar la construcción de infraestructura, proyectos de largo plazo.
Por supuesto, en México también se justifica la utilización de estos inmensos fondos pensionarios para financiar proyectos estratégicos que potencien y relancen el desarrollo económico. El verdadero reto será hacerlo con eficacia, profesionalismo y sobre todo con la máxima transparencia.
Desde luego sería impensable que estos recursos de las Afores se inviertan en proyectos de infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria, urbana, hídrica o de energía, mal planeados, que no garanticen ser viables y rentables.
Sería una aberración que los ahorros de las y los trabajadores mexicanos, los recursos de las Afores se inviertan en obras faraónicas, costosas e improductivas, como hasta hoy lamentablemente han resultado el tren Maya, el tren Interoceánico, la refinería Dos Bocas, el AIFA, Mexicana de Aviación, entre otras.
Si las decisiones que se tomen son las mejores; ya no sean ocurrentes, opacas y discrecionales, tal como sucedió en el pasado reciente; ésta nueva Ley para el Fomento a la Inversión en Infraestructura podría representar una exitosa apuesta para construir un mejor futuro.
Pero también hay que decirlo con todas sus letras: el riesgo existe y fracasar podría ser sumamente costoso.
Para evitar eventuales quebrantos, el gobierno de la presidenta Sheinbaum tendrá que invertir los recursos de las Afores en proyectos de infraestructura rentables y bien estructurados; que no signifiquen la minusvalía de las pensiones privadas; que no impliquen poner en riesgo el ahorro acumulado para el retiro de millones de personas.
