En un contexto de incertidumbre, es un hecho que los países y sus administraciones enfrentan grandes desafíos. Al mismo tiempo, cuentan con una fortaleza estratégica: la enorme cantidad de datos que hoy generan y resguardan gracias a la transformación digital. Aprovechar esa información para mejorar y redireccionar las políticas públicas en favor de la sociedad ya no es una opción, sino una necesidad.
La pandemia de COVID-19 aceleró la digitalización en los países y también visibilizó la importancia de contar con marcos jurídicos sobre gobernanza de datos que permitan un uso inteligente de la información, donde la inteligencia artificial funcione siempre con la supervisión de las personas. Sin una gestión eficiente de los datos, las políticas públicas pueden fracasar.
En esta nueva era de transformación digital se requiere administrar los datos durante todo su ciclo de vida con supervisión humana. Es indispensable garantizar los derechos de la ciudadanía y que el objetivo principal sea generar valor público.
Para mejorar la eficiencia de las administraciones se requieren marcos jurídicos claros y actualizados, cuya base esté enfocada en proteger los derechos humanos de la sociedad. La gobernanza de datos debe sustentarse en cuatro pilares: la calidad de los datos, su accesibilidad para el uso, el intercambio de información entre diversas instituciones públicas y la seguridad, garantizando la privacidad y la confidencialidad como derechos fundamentales de los datos sensibles.
La cultura de las administraciones debe transformarse hacia un modelo basado en datos que integre el uso de algoritmos inteligentes para sustentar las políticas públicas en evidencia. Incluso, esta práctica ha sido recomendada en diversas ocasiones por la OCDE.
El futuro de la transformación digital de las administraciones tendrá la gran responsabilidad de generar valor público a partir de los datos. Es decir, deberá enfocarse en producir y cuidar su calidad mediante marcos jurídicos que regulen a las administraciones en todos sus procesos, siempre con el respeto a los derechos fundamentales de la sociedad.
La pérdida de confianza en las administraciones públicas abre una ventana de oportunidad para que los gobiernos orienten sus planes de trabajo a medir sus acciones con transparencia, mediante la producción de datos derivados del uso de tecnologías, nuevas herramientas digitales e inteligencia artificial.
Si las administraciones públicas trabajan con una adecuada gobernanza de datos, podrán generar un impacto positivo en la prestación de servicios públicos integrados y, con ello, mejorar su eficiencia.
El primer paso es entender por qué se implementan las políticas públicas y, para ello, es necesario que se fundamenten en la lectura de los datos que generan las diferentes instituciones. Esto requiere innovación y la creación de marcos jurídicos.
En el caso de los ayuntamientos, la actualización de sus marcos normativos incluye la modernización de sus reglamentos para brindar certeza jurídica y ética a la sociedad. Un aspecto fundamental, que servirá de base para las administraciones, es la capacitación y el entrenamiento orientados a sensibilizar sobre la importancia del dato y su gestión durante todo su ciclo de vida.
La tarea por delante será visibilizar y evaluar el seguimiento de una estrategia de gobernanza de datos, designar responsables dentro de la administración, actualizar los marcos normativos, fortalecer la inversión en infraestructura tecnológica y reforzar la capacitación para desarrollar el talento humano.
