El pasado miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras de México de lavar dinero a carteles del narcotráfico, a los que Washington ya había decretado como grupos terroristas. Las acusaciones señalan a dos bancos, a CIbanco e Intercam y a la casa de bolsa Vector. Al día siguiente jueves, en la Mañanera del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no había las pruebas que sustentaran estas acusaciones; que eran simples dichos; y que México no era piñata de nadie. Sin embargo, en las posteriores 24 horas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de manera directa, con urgencia, tomando la operación gerencial y administrativa de las instituciones financieras fuertemente cuestionadas.
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Como lo establece nuestro marco legal, en estos casos, la intervención de la CNBV se dio con la finalidad de proteger los depósitos de todos los ahorradores y evitar así una peligrosa crisis de confianza, es decir, una corrida o estampida en donde todos los clientes de estos dos bancos fueran, al mismo a tiempo, a retirar su dinero. Los bancos nunca están en condiciones de responder ante estas crisis. Desde el sexenio del Presidente Zedillo, cuando se presentó la más grave crisis bancaria de nuestra historia, que condujo a la creación del FOBAPROA, también se constituyó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Al día de hoy, el IPAB es responsable de garantizar los depósitos de los ahorradores, pero hasta un máximo de 400 mil UDIS, equivalente a unos 3.4 millones de pesos.
La SHCP ha señalado que en el sistema bancario de México no se corre el riesgo de una crisis sistémica, donde los bancos privados no tengan la solvencia requerida para cumplir las obligaciones con sus clientes. Se ha informado que estos dos bancos, CIbanco e Intercam, solamente captan 87 mil millones de pesos, esto es, el 1% del total de los depósitos que administra toda la banca mexicana. Para bien de nuestro país, las cosas no se han salido de control. Desde que se dio la acusación del Departamento del Tesoro y la intervención directa de la CNBV, el sistema bancario no ha tenido interrupciones. Pero ello no significa que no haya complicaciones y costos adicionales. Las principales agencias calificadoras del mundo, como son Fitch, HR Raitings y S&P ya bajaron la calificación crediticia de estas tres instituciones financieras de México, las cuales, quedan señaladas como de un mayor riesgo y bajo observación negativa. Sin duda, ya hay un daño reputacional.
La reciente acusación del Departamento del Tesoro, más allá de sus implicaciones financieras, legales o técnicas, abre un nuevo tema, bastante comprometedor, dentro de la ya de por si conflictiva relación política y ahora se suma a la creciente presión que la Casa Blanca ejerce contra el gobierno de México. También el pasado miércoles, la Fiscal General de los EU, Pam Bondi, en una comparecencia ante el Senado, de manera inusitada señaló a México como un “adversario extranjero”, al igual que Irán, Rusia y China.
En el frente interno, en el caso particular de Vector se tendrá que hacer una profunda investigación y llegar hasta el fondo de la acusación. Esta casa de bolsa es propiedad del influyente empresario Alfonso Romo, quien fungió como Jefe de la Oficina de la Presidencia, durante el primer año de gobierno de AMLO. En lo que a México corresponde, habrá que precisar, aclarar totalmente, si en nuestro sistema financiero se lava dinero o no. A todos nos conviene.
