El crecimiento inmobiliario suele presentarse como un símbolo de desarrollo. Nuevos edificios, torres de departamentos, preventas exitosas y promesas de alta plusvalía transmiten la idea de una economía dinámica. Sin embargo, detrás de ese auge también crece otro fenómeno menos visible: los fraudes inmobiliarios.
Según el medio Reporte Índigo, el estado de Nuevo León enfrenta una cadena de procesos penales relacionados con desarrolladores y empresas inmobiliarias acusados de presuntos fraudes que, en conjunto, representan miles de millones de pesos y cientos de denuncias de inversionistas y compradores. Los casos involucran preventas, desarrollos inconclusos y familias que, después de pagar durante años, nunca recibieron el departamento prometido.
Las cifras impresionan, pero más impactan las historias humanas. En muchos casos no se trata de grandes inversionistas, sino de personas que destinaron los ahorros de toda una vida, vendieron otra propiedad o contrataron créditos para asegurar un patrimonio para sus hijos o para su retiro.
Una alerta que también alcanza a Sinaloa
Lo ocurrido en Nuevo León no debería verse como un problema lejano. En Sinaloa, y particularmente en Mazatlán, este problema no es ajeno. Ante la Fiscalía General del Estado, en lo que va del año, se han presentado 16 denuncias por el presunto delito de fraude relacionadas con empresas inmobiliarias. En el principal destino turístico de la entidad, diversos compradores afirman haber pagado parcial o totalmente departamentos que nunca les fueron entregados.
De acuerdo con las denuncias presentadas, las empresas señaladas estarían vinculadas con diversos desarrollos inmobiliarios y torres de departamentos cuya construcción inició hace casi diez años y que, según los afectados, habrían operado bajo distintas razones sociales sin que las obras hayan sido concluidas.
Dichos proyectos forman parte de estructuras empresariales integradas por diversos socios. Entre las personas señaladas en las denuncias figuran empresarios ampliamente conocidos en el puerto. Sin embargo, por respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, en este espacio se omiten sus identidades, ya que corresponde exclusivamente a las autoridades determinar, mediante las investigaciones y resoluciones judiciales, la existencia o no de responsabilidades.
Cuando se vende confianza
Cuando un comprador adquiere un departamento en preventa, normalmente paga por algo que todavía no existe físicamente. Está comprando confianza. Confía en los permisos de construcción otorgados por las autoridades municipales, confía en la capacidad financiera del desarrollador, en los contratos y en que la obra será concluida conforme a lo pactado.
Si esa confianza se rompe, el daño va mucho más allá de una operación comercial. Se pierde patrimonio, se generan largos procesos judiciales, se afecta la credibilidad del mercado inmobiliario y también la imagen de ciudades y destinos turísticos que dependen de la inversión privada, como ocurre con Mazatlán.
No se trata de desacreditar al sector inmobiliario ni a Mazatlán. Al contrario. La enorme mayoría de los desarrolladores cumple sus compromisos y ha contribuido al crecimiento urbano y turístico del puerto. Precisamente por ello resulta indispensable distinguir a quienes actúan conforme a la ley de quienes, en caso de acreditarse responsabilidades, hubieran utilizado el mercado inmobiliario para cometer fraudes.
La mejor protección para el sector es la certeza jurídica
Es necesario que la Fiscalía General del Estado realice investigaciones oportunas y transparentes y que, cuando existan elementos suficientes, se ejerzan las acciones legales correspondientes. Pero también se requiere fortalecer los mecanismos preventivos para que cualquier comprador pueda verificar con facilidad los permisos, los avances de obra, la existencia de fideicomisos, la situación legal del proyecto y los antecedentes de la empresa antes de entregar millones de pesos.
El caso de Nuevo León demuestra que, cuando las denuncias se acumulan durante años, el problema deja de ser individual y se convierte en un problema social. Ya no sólo está en juego el patrimonio de unas cuantas familias; también la confianza en todo el mercado inmobiliario.
Y cuando esa confianza se pierde, no sólo se desploman las inversiones; también se rompe la certeza de que el patrimonio de una familia está protegido por el Estado.
Por eso, esclarecer estos casos no sólo es una obligación de la autoridad; es una necesidad para preservar la credibilidad de Sinaloa como destino de inversión.
