Cuando menos contradictoria, a reserva de conocer más detalles sobre el caso, parece la postura que ha asumido el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de ir en contra de la Ley de Obras Públicas de Sinaloa, particularmente en los puntos en los que con la reforma a la misma se le da mayor marco jurídico a la participación de los ciudadanos en el proceso de licitación y vigilancia de las obras ejecutadas con recursos públicos.
Porque precisamente lo que con las reformas ahora cuestionadas se le brinda a este organismo, son herramientas mediante las cuales se les facilita el trabajo encomendado de ir en contra de las prácticas corruptas en el quehacer público.
Lo dijimos desde el principio. La nueva ley responde a exigencias elementales de la sociedad, como la adecuada planeación, transparencia y calidad de la obra pública.
También permite confirmar lo que es posible lograr cuando al margen de posturas políticas y pertenencias partidistas desde el legislativo se da prioridad a los intereses de la sociedad.
La ley promovida por la diputada guasavense Flora Miranda muestra lo que se puede alcanzar cuando el legislador tiene la capacidad y el tacto para poner sobre la mesa el tema, convencer a sus pares y recoger las impresiones de todos los involucrados y sumarlas a una iniciativa.
Por si fuera poco, creo que es la iniciativa que de manera más fiel retrata uno de los más importantes estandartes del grupo legislativo mayoritario en el Congreso del Estado: la lucha contra la corrupción.
Algo hay de fondo en todo esto. Extraña que sea el mismo Comité de Participación Ciudadana, que estuvo de acuerdo en principio y hasta alabó la iniciativa, el que hoy busque un amparo para no implementarla, cuando además de la unanimidad alcanzada en su votación, no fue cuestionada en ningún momento su constitucionalidad.
Bien por el Congreso del Estado en la fijación de su postura ante el hecho. Habrá que estar pendientes de estas resistencias.
